22 de mayo de 2011
Por Guillermo Liggerini
Mientras oficialismo y oposición se entretienen en un juego que pareciera que los divierte, como resulta el armado político rumbo a las elecciones, entre indigestiones, traiciones, especulaciones y colisiones de intereses de quienes maman de la teta política, en la ciudad se va surcando un debate que, a la luz de los ojos, pareciera que la dirigencia aún no quiere transitar.
No en secreto, pero sí con un halo de hermetismo, la comuna comienza a definir el desarrollo urbanístico de la ciudad, a través de su aprobado plan de ordenamiento territorial, su plan de desarrollo y ahora -en discusión- un plan de manejo.
En ese escenario, hasta aquí la discusión pareció centrarse en el futuro de la actividad minera que, dicho sea de paso, mucha incertidumbre genera aún lo que sucederá frente a la nula reacción que hasta aquí demostró al vencerse los plazos para presentar sus planes de reconversión y el eventual cese de su actividad, tal reza en la ley de Paisaje Protegido.
Precisamente esa errónea estrategia comunicacional de las canteras transformó a los canteristas en los chicos malos de la película, perdiendo por goleada con una lucha tibia pero persistente de los preservacionistas. La opinión pública fue copada por el discurso ecologista y, frente a ello, la dirigencia se vio obligada a dejar de hacerse la distraída frente a un dilatado conflicto que estallaba literalmente en sus rostros, en el corazón de la ciudad, para encontrar una salida que, a la luz de los acontecimientos todavía está a prueba.
Pero apareció otro condimento, otros actores. Más de carne y hueso. No los empresarios mineros sin rostro, sino vecinos de aquí a la vuelta, con sus intereses a cuestas.
Más precisamente vecinos que tenían proyectado inversiones inmobiliarias en sitios de privilegio. Por lo expresado, no se trata de majestuosos edificios ni ostentosos emprendimientos turísticos. Algunos, incluso, su mera ambición de hacer su propia casa. El plan en cuestión los inhabilita. Les restringe toda chance, acusan.
Con sus legítimas razones, hablan de derechos vulnerados. En el fondo, casi el mismo hilo conductor que las canteras intentaron imponer (con daños irreparables) con relativa suerte.
Allí están, entonces, los preservacionistas queriendo disfrutar del paisaje con sus convicciones y otros convecinos convencidos que el paisaje se puede disfrutar a sus modos porque, en definitiva, es de ellos, básicamente porque lo compraron.
En el medio, claro, el estado, un municipio transitando por un delicado equilibrio. Sabiendo que las decisiones que tome indefectiblemente tocarán intereses, definirá (como toda resolución) arbitrariamente y habrá heridos traducidos en reclamos, incluso vía judicial, y consecuentemente pagará costos políticos y, por qué no, económicos.
Se trata de un debate interesante como delicado. Se está hablando nada más y nada menos de la ciudad que queremos, cómo se pretende desarrollar. La dirigencia, hasta aquí, sigue entretenida en sus nimiedades, lejos del vecino, ensimismado en sus propias mezquindades que hacen no sólo a un válido y necesario proyecto político, más bien a la supervivencia de su propia existencia.
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