Locales. Palpitar comunal: Una luz cegadora

Por Guillermo Liggerini

Mientras las autoridades ahora internalizan y cruzan datos acerca del censo que finalmente se logró hacer en el asentamiento del prometido Plan Federal de Viviendas de La Movediza, los ocupas de Smata mantuvieron su protagonismo. A sabiendas de una ilegítima toma, pero desesperados por no saber ya donde recurrir, volcaron toda su expectativa en una intervención judicial (se daría en la semana) en pos de encontrar eco, respuestas que hasta aquí no lograron a los gritos.
En honor a la verdad, respuesta oficial hubo, no la que esperaban. El Ejecutivo mantiene la intransigente postura de no prestar servicio alguno para no legitimar la toma. Cualquier guiño, entienden, sentaría precedentes de situaciones inmanejables (si a esta altura ya no lo es).
En consonancia con ese espíritu, se rechazó desde la secretaría de Legales la petición que había sido presentado en el HCD en busca de servicios tales como limpieza, agua, luz. Al son de esta negativa, la Usina hizo lo propio. Excusándose con una nota que el gremio Smata presentó, sentenció que resulta imposible dotar de energía cuando el propietario los está demandando penalmente.
Claro que no se esperaban que la Justicia aportara un condimento más al tenso escenario. Para los funcionarios judiciales, primero no hay elementos que constituyan el delito de usurpación planteado. Segundo, se rechazó la figura de particular damnificado por parte del sindicato. No acreditaron la titularidad de dominio.
En ese estado de incertidumbre, los ocupas renovaron sus demandas, ahora por la vía abierta que deja la esfera judicial. Finalmente parece que un letrado se ha convencido sobre la posibilidad concreta de plantear un recurso de amparo que contemple las necesidades básicas insatisfechas de los ocupas.
Lejos se está de convalidar la ocupación, pero se entiende que frente a la indefinición del escenario montado, podría provisoriamente atender las demandas mínimas requeridas. Lisa y llanamente lo que se plantea es que en el mientras tanto, porqué no brindar servicios básicos como dotar de agua potable (un aguatero pasa a escasos metros de las casas tomadas), realizar la recolección de residuos y, también, de energía eléctrica bajo una habilitación precaria.

HIPOCRESIA

Seguramente la intervención judicial resultará un alivio para el municipio, habida cuenta que no quiere asumir el costo de una medida que seguramente generaría escozor en una buena parte de la ciudadanía.
El sayo también le cabría a las autoridades de la Usina, desde una mayoría se resolvió actuar en consonancia con lo resuelto -o irresuelto- desde el municipio. Se dice mayoría porque se habrían alzado voces proponiendo otras salidas. En vez de gastar en obras que impidan las conexiones clandestinas que, más temprano que tarde, serán vulneradas, por qué no dotar de conexiones provisorias hasta se resuelve el entuerto desde la esfera competente. La propuesta cayó en saco roto.
Se insiste: haber asumido esa decisión hubiera generado una factible reacción de los contribuyentes que pagan religiosamente por el servicio. Y aquí subyace una hipocresía típica de la idiosincrasia tandilense.
A saber, la Usina procede casi como una rutina cotidiana con el otorgamiento de habilitaciones provisorias, en terrenos, propiedades y obras que ni siquiera pueden acreditar su titularidad. Claro, no se trata de marginales, sino de zonas y vecinos que no precisamente carecen de todo, sino que simplemente aprovechan los baches burocráticos y cuentan con información de las propias entrañas comunales para hacer sin pedir permiso. Una vez consumado el hecho (obra, usucapión,etc.) requieren de los servicios, sin más.
De concretarse aquel gesto para con los ocupas, una buena parte de la población pondría el grito en el cielo, y la asistiría razón. Pero también debieran contemplar que, por ejemplo, Obras Públicas de la comuna está empachada de excepciones por ostentosos emprendimientos inmobiliarios estratégicamente ubicados en las zonas más opulentas del Partido, que no se condicen con las exigencias que el manoseado plan de ordenamiento territorial reza.
Una simple recorrida visual por las sierras dan cuenta no sólo del daño minero, sino también de la ocupación irracional de propiedades que lucen sin importar las consecuencias ambientales.
Consecuentemente, focalizar la mirada en la ilegítima toma en Smata es de una miopía tan interesante como interesada. Para aquellas potenciales reacciones que refutarían la dotación de los servicios esenciales para los ocupas marginales, debieran asumir que hay otros ocupas, con un perfil diametralmente opuesto. No se trata de la prepotencia de los carentes de todo, sino de la impunidad de los que tienen mucho, y por eso se los habilita para hacer lo que quieren.