Nacionales. Pandemia: Extienden la prohibición de despidos por otros dos meses

Con el objetivo de conservar el nivel de ocupación hasta que pase el peor momento de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno resolvió prorrogar la prohibición de despidos por otros 60 días. El decreto, que vence a fines de mayo, se amplió hasta fines de julio, informó de manera oficial la Casa Rosada.

La medida será publicada mañana en el Boletín Oficial e incluye también la extensión de la cláusula que prohíbe la suspensión de trabajadores por razones de fuerza mayor, una modalidad prevista en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo.

"En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, y con el objetivo de continuar implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población, el gobierno nacional resolvió prorrogar la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días", dice el comunicado que difundió la Casa Rosada.

"Aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales", se agrega.

Aunque todavía tiene un mes de margen, el Presidente también resolvió extender hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, dispuesta en diciembre como parte de la ley de emergencia económica. Será una prórroga por otros 180 días, anticiparon en el entorno de Alberto Fernández.

Esa decisión se apoya además en que, a diferencia de lo que sucede en otros rubros, las empresas distribuidoras no sufrieron tanto el impacto económico en los últimos meses. "Aumentó el consumo residencial y bajaron los costos de la energía mayorista", dicen en el Gobierno.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pulió los detalles del decreto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Como es un decreto de necesidad y urgencia (DNU), debió ser rubricado por el Presidente y por todo el Gabinete.

En el decreto que el Gobierno prorrogó solo quedaron exceptuadas las suspensiones acordadas entre las empresas y los trabajadores y homologadas por el Ministerio de Trabajo. A fines de mes pasado, la CGT acordó con la Casa Rosada que los trabajadores suspendidos bajo esta modalidad reciben al menos el 75 por ciento del salario habitual.