Locales. Para la Justicia, el gremio no acreditó ser titular del barrio

pasan las horas y se suman nuevos condimentos que enrarecen más aún la situación social que se vive en el barrio Smata. Ocupas exigiendo por los servicios básicos y el gremio y sus adjudicatarios recurriendo a la justicia para sacarlos porque le han ocupado lo que dicen pertenercerles.
Precisamente en éste último punto radica por éstas horas la nueva curiosidad. Según este Diario pudo confirmar de fuentes judiciales, para la fiscalía y el juzgado de Garantías interviniente, aún el gremio no pudo acreditar la titularidad de dominio.
Más allá de las expresiones del letrado del sindicato (ver reacción...) aún no existen elementos suficientes que acrediten ser propietarios de los terrenos y construcciones hoy usurpadas. De hecho, el juez de Garantías, José Alberto Moragas, rechazó la petición para presentarse como particular damnificado que hace unos días el doctor del gremio, Juan Claudio Morel, había presentado.
Así las cosas, resulta aún más complejo el escenario que se presenta, habida cuenta que hasta tanto no se acredite su titularidad, la justicia no podría hablar de un damnificado, ni siquiera de un delito penal.

¿DELITO DESESTIMADO?

Si bien a nadie -incluso a los funcionarios judiciales- le caben dudas que la toma resulta improcedente dado que se han ocupado propiedades que incluso ellos admiten que son ajenas, para constituir un delito penal y accionar en consecuencia hay un largo trecho, que hasta ahora quienes se sienten afectados no pudieron constatar.
Más precisamente se detalló que para configurar un delito penal que merezca la orden de un desalojo compulsivo hay que demostrar que existió un daño para ingresar a la propiedad (romper una cerradura, una puerta, violar un candado, sortear una custodia, etc.), situación que por éstas horas no se constató.
Llama poderosamente la atención que tampoco los adjudicatarios (reales damnificados de la ocupación) haya siquiera uno presentado en la fiscalía para aludir a su situación. Según Morel, dichos perjudicados figuran en el listado que se presentó en el expediente, en una demanda conjunta que encabeza el propio gremio.

LA REACCION


Consultado por el programaaa Examen Final de la Am 1560, el abogado del gremio, doctor Juan Claudio Morel, indicó que “tras la feria judicial no avanzó mucho la causa por la denuncia que hicimos. Hemos realizado dos presentaciones, una tendiente a acreditar la personería, presentamos un boleto de compra venta certificada por escribano público, en la que se da cuenta la totalidad del pago por la compra de esos terrenos que hizo Smata. Hubo dos poderes que dieron los vendedores a los compradores de Smata junto a un listado de personas que figuraban en una futura adjudicación de viviendas para que escrituren a su nombre. Todo eso fue lo que hasta ahora se agregado como prueba”, detalló, sin estar anoticiado que la justicia contrariamente consideró que no hay elementos suficientes.
Asimismo, contó que se hizo otra presentación porque se han desmantelado dos techos y se los han llevado. “Estaríamos frente a un nuevo delito que hemos agregado a la causa, pero no hemos tenido despacho de notificación”, señaló.
Haciendo historia sobre el barrio, reseñó que “una parte del barrio se inscribe en lo que se llaman barrios bonaerenses, pero como todo en este país, este barrio lleva ya 30 años sin terminarse, por lo que transitó por varios planes a través de distintos gobiernos. El último precisamente lleva ese nombre y era por unas 50 viviendas del plan original”.
Consultado sobre la posible intervención del Instituto de la Vivienda provincial, lo desestimó, argumentando que “no se hizo tramitación alguna con el Instituto de la Vivienda y tampoco se va a hacer porque estos terrenos están pagados. Si el terreno ya se pagó hace 30 años, y así lo acreditan las escrituras, cómo va a venir el Instituto ahora a ser dueño a título de qué. Se trata de otro tipo de operatoria, cuando interviene el Instituto es cuando pone el dinero para que se construya y se queda con el dominio a modo de garantía”.
Preguntado sobre el rol de los adjudicatarios, señaló que “por acta notarial está todos los adjudicatarios, con nombre, apellido y dirección. Si hay dudas sobre nuestros adjudicatarios imagínense aquellos que han usurpado y están sacando los techos”.
Volviendo sobre la denuncia, afirmó que “si hicimos una denuncia de usurpación es porque estamos convencidos que existió el delito, y si es necesario seguiremos arrimando elementos para que el fiscal se convenza si todavía no lo está”.
“ Aquí -siguió- se han llevado techos de una obra en construcción y pareciera que a nadie ya le sorprende, que haya personas ocupando y cortando calles. ¿Se piensa que eso es normal, que está bien? ¿No hay ninguna acción que iniciar por eso?. Si un particular tiene la obligación de intervenir cuando se está cometiendo un delito fragante, imagínense un fiscal”.
Asimismo consideró que “nosotros estamos siendo pacientes, se metieron adentro de nuestras casas y estamos esperando. Más voluntad de paciencia no se puede demostrar, en una Argentina donde cada uno hace lo que se le antoja...Fuimos a la justicia y esperamos que actúe, nosotros confiamos en la justicia”.
Cerrando, reflexionó diciendo que “la situación del gremio es delicada, porque existe una sensibilidad social como sindicato que es, pero tiene que defender los intereses de sus afiliados. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en el estado de derecho, sino es la ley de la selva, que es lo que hace esta gente, tenemos que parar la ilegalidad con la ley”.

Amenazas

También se confirmó por fuentes judiciales que el titular del gremio, César Trapote, realizó una nueva denuncia en sede fiscal, pero esta vez relacionada al escrache sufrido días pasados por los propios ocupas en plena vía pública.
El gremialista formalizó una denuncia por amenazas, que si bien resulta una “anécdota” al asunto de fondo, no es más que un nuevo aditamento a un conflicto cuyo desenlace resulta insospechado.