Locales. Para Merbilhaa jurídicamente la ley “realmente es impresentable”

El reconocido abogado que asesora a las canteras locales, Juan Pedro Merbilhaa salió a criticar con vehemencia la ley de Paisaje Protegido que recientemente aprobara Diputados y, mañana, el Gobernador refrendará su promulgación en un acto junto al jefe comunal en el Anfiteatro.
En diálogo con el programa Examen Final de la Am 1560, el letrado anticipó que no resulta “demasiado urgente” alguna medida judicial porque a su entender la ley no se puede aplicar, porque “la propia ley no cumple con lo que la misma ley dice. La ley en realidad es una burbuja, un invento”.
La otra traba que es mucho más de fondo que planteó el abogado versó en que las provincias no pueden regular limitativamente los derechos que han delegado en la Nación en los derechos federales. “Esta ley tiene un vicio de inconstitucionalidad fragante y la jurisprudencia de la Corte entre el 2009 y 2010 ha sido terminante en este sentido, porque una ley provincial no puede cercenar institutos y derechos sancionados por la legislación nacional. La minería y el medio ambiente minero es materia nacional, no provincial”.
Merbilhaa aseveró que en lo meramente jurídico la ley “realmente es impresentable. Ahora nadie puede sorprenderse, se trata de un deporte nacional ir contra la institucionalidad”.
“Los políticos -siguió- no han entendido que la ley no es una mera formalidad. En los sistemas democráticos, las formas son las normas, las leyes, las convenciones sociales. No se puede por la mera voluntad política, por la invocación del interés común, llevar por delante la institucionalidad de un país, porque eso a la corta o a la larga están tergiversando el orden institucional”.
El letrado señaló que lo que aquí se ha logrado “no es hacer prevalecer un derecho, sino imponer un interés, como el interés general no es de nadie pero es de todos, y en verdad solo tiene que ver con la imposición de un interés por sobre el ejercicio de un derecho de una actividad regulada, controlada”.
En lo estrictamente profesional, Merbilhaa dijo que “los legisladores han votado una nada como norma y bueno, si no se dan cuenta y siguen, los que sufren este atropello decidirán recurrir a la justicia para que la dictamine inaplicable. Pero eso quedará a criterio de quienes se sienten afectados, yo simplemente como hombre de derecho lamento que nuestros políticos mantengan este grado de atropello al estado de derecho, creando normas que nacen ya con vicios tales que implican la imposición de una decisión política por encima de las instituciones”.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Según el abogado la norma en cuestión “obliga al Estado a contar con un estudio de impacto de ambiente previo que por supuesto deberá ser exhaustivamente evaluado por la Autoridad, en este caso particularmente por la Dirección de Minería provincial preponderantemente, con la participación de los propietarios y titulares de la actividad minera afectados por el proyecto, ya que el mismo solo apunta a eliminar esa actividad y únicamente del área geográfica arbitrariamente elegida”.
Agregó en sus observaciones que “ninguna otra actividad u obra en esa área, pública o privada, existente, en desarrollo actual o futuro, está considerada, aunque de hecho pudieren también afectar el paisaje, como ostensiblemente lo pueden hacer el cableado aéreo, el zanjeo cloacal, la apertura y pavimentación de calles, la existencia de construcciones ya realizadas sin control previo, el uso masivo de espacios para turismo con la consecuente destrucción de flora y falta de higiene que tal actividad demuestra en donde se realiza ya hoy espontáneamente, y por supuesto la fuga de especies de fauna silvestre ante la presencia constante e invasiva del hombre, cosas que hoy no suceden en los predios mineros de dichas propiedades privadas, quedando toda la superficie restante en real estado natural. Es más: el avance de la urbe es la que ha eliminado forestación y ha hecho huir a la fauna que se ha refugiado en esos predios mineros que conservan grandes superficies en estado natural”.
Se añadió que si lo que se pretende es la “defensa del medio ambiente en esa área (elegida a dedo) entonces debería considerarse un relevamiento total de las actividades y asentamientos existentes, como talleres, industrias, barriadas, depósitos y demás usos que producen olores, ruidos, contaminación y otras afectaciones, de las cuales no está exenta la municipalidad por ser ella misma la protagonista de algunas de esas y permitir todas las demás.
Merbilhaa aclara que si lo que se intenta es como dice la letra del proyecto la protección del paisaje serrano, “habría que agregarle que la expansión urbana y la obra pública, especialmente la referida a la extensión de servicios esenciales, demuestra hoy mismo una afectación estética y una modificación paisajística fenomenal”.
Ya abordando artículo por artículo de la ley se acotó que la disposición es “discriminatoria, violando el principio constitucional de igualdad entre iguales pues introduce una desigualdad ostensible entre productores mineros del mismo Partido (que cuenta con 60 mil hectáreas de sierras, la mayoría explotables por su composición pétrea, y varias empresas dedicadas a ello), al aplicarles la prohibición sólo a las canteras que están dentro de la Poligonal, siendo que las hay en el resto de la jurisdicción municipal, con idéntica actividad, antecedentes y autorizaciones provinciales (incluida al menos una cantera municipal que durante años se explotó sin el debido certificado ambiental)”.
Otra de las severas observaciones apunta al artículo sexto de la ley, por el que el letrado señaló que “contiene una disposición imperativa inaceptable, pues no establece la posibilidad para la empresa afectada, de ofrecer un proyecto de cambio de actividad y negociar y acordar su eventual concreción, sino que le impone la obligación de hacerlo. Ello configura una flagrante lesión a los derechos individuales de jerarquía constitucional, pues establece una obligación sin fundamento alguno, ya que una cosa es prohibirle a alguien trabajar (monstruosa cosa que contiene también el proyecto) y otra más perversa es obligarlo a cambiar de trabajo abandonando el que hace y tiene”.