Nacionales. Para Repsol, la medida del Gobierno argentino es "ilícita"

BUENOS AIRES.- La petrolera Repsol, consideró ayer "ilícita y gravemente discriminatoria" la expropiación parcial por parte del gobierno argentino de su filial YPF, y anunció que tomará "todas las medidas legales que procedan" para salvaguardar sus intereses y los de sus accionistas.
"Repsol considera que la medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF", dijo la compañía en un comunicado a las autoridades bursátiles españolas.
La empresa española considera que el gobierno argentino ha decidido expropiar un 51% de YPF "violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad internacional", reservándose las medidas a tomar contra esa iniciativa.
"Repsol llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas", añadió la petrolera.
La reacción de la compañía española llega inmediatamente después de que el gobierno español considerara la expropiación parcial de YPF como una "decisión hostil", anunciando también una serie de medidas de represalia que se irán detallando en los próximos días.
Fitch bajó la nota de la deuda
La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch bajó la nota de la deuda de YPF en moneda local, tras conocerse el anuncio de la expropiación del 51 por ciento de la compañía y su intervención por parte del Estado.
En un comunicado, Fitch sostiene que "revisó la perspectiva de YPF a Estable de Negativa para dichas calificaciones.
"La baja de calificación refleja el anuncio del gobierno argentino de su intención de presentar un proyecto de ley para nacionalizar el 51% de las acciones clase D de YPF. En consecuencia, la calificación Internacional en Moneda Local de YPF ha sido bajada al mismo nivel que la calificación soberana de B", expresa la agencia.
Fitch prevé que el proyecto de ley que permitiría dichos cambios en la estructura accionaria de YPF sería aprobado por el Congreso en un corto período de tiempo.
"La tenencia accionaria por parte del gobierno podría derivar en mayores ineficiencias y menor rentabilidad, ya que las entidades gubernamentales tienden a incorporar más aspectos sociales en sus estrategias", agregó la calificadora.
Fitch anticipó que "YPF en manos del gobierno podría mostrar una participación activa para garantizar el abastecimiento local de petróleo y gas. Esto podría incluir la gestión y pago de importaciones de gas natural, las cuales en 2011 representaron US$ 9,4 mil millones. Asimismo, el gobierno ha declarado la producción de petróleo y gas una actividad de interés público".
La agencia pone de relieve que "los bonistas de la compañía pueden solicitar a YPF que recompre al 100% del valor nominal de los bonos más los intereses devengados ante un evento de nacionalización. Dicha solicitud puede ser solicitada por los tenedores de bonos que representen el 25% del capital vigente de los bonos nacionales e internacionales de YPF".