23 de mayo de 2016
Días atrás, informábamos en nuestro medio, a partir de información obtenida por el diario La Mañana de Bolívar, que en la causa por abuso sexual agravado que se inició contra Raúl Donato Guerreño (conocido como “Hermano Raúl”) y que derivó en su detención y alojamiento con prisión preventiva en la cárcel de Sierra Chica, amenazaba con transformarse en un escándalo que termine descubriendo una red de protección policial hacia el “manosanta” rosarino radicado en Bolívar.
El juez Villamarín habría iniciado una causa por cohecho (coimas), como resultado de un intenso tráfico de información e influencias que se habría desatado, precisamente, ante la detención de Guerreño.
La agente fiscal de Bolívar, Dra. Julia María Sebastián se mantiene muy firme en la decisión de llegar hasta el fondo de la cuestión. Sus propias investigaciones y contactos realizados con Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, serían las causas de al menos tres movimientos de jefes policiales que podrían convertirse en desafectaciones al servicio y/o traslados a otras jurisdicciones.
En tales movimientos están involucrados el jefe de la Sub DDI Bolívar, comisario Dante Ferrante, quien fue desafectado de la fuerza, en tanto que el jefe Departamental de 25 de Mayo, comisario mayor Abel Moussompes también fue pasado a disponibilidad luego de haberse tomado licencia por cuestiones personales.
El tercer involucrado es el comisario Oscar Urruchúa, quien quedó vinculado a las sospechas de protección hacia el curandero por un insólito procedimiento que personal policial de nuestra ciudad llevó a cabo en el domicilio de la menor víctima del caso de abuso sexual por el que está imputado Guerreño.
Se trató de una requisa para provocar un “informe socio ambiental” realizado en cumplimiento de un oficio emitido por la defensa de Guerreño. Tal procedimiento se habría llevado a cabo sin conocimiento ni participación del juez Villamarín ni de la Fiscalía actuante, lo que le valió a Urruchúa, el pase a disponibilidad, por el que fue notificado en las últimas horas por Asuntos Internos.
La Unidad Fiscal de Investigación N° 15 calificó esta actuación policial, de la que se responsabiliza a Urruchúa, como un “apriete” hacia la menor denunciante y su familia.
Fuente: Abchoy
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