Una veintena de agentes despedidos de la Unidad 37 de Barker. Penitenciarios de Tandil acampan en La Plata en reclamo de la reincorporación

Alrededor de 20 agentes penitenciarios radicados en Tandil, despedidos desde 2015 a esta parte, participan de un acampe en La Plata frente a la Gobernación de la Provincia, para exigir la reincorporación, ya que afirman que fueron irregularmente cesanteados por la administración de María Eugenia Vidal. 

Al comenzar su gestión, al mandataria de "Cambiemos" tuvo como uno de sus ejes principales "limpiar" la corrupción en la Policía y el Servicio Penitenciario. De hecho, unos de sus slogan de campaña fue enumerar miles de efectivos apartados de la órbita pública. 

Sin embargo, muchos suboficiales dados de baja afirman que fueron mal echados ya que su rango no les permitiría "cortar el bacalao" del robo dentro de las unidades penitenciarias, sospechas que sí recaen sobre las jerarquías más altas. 

Marcelo Santillán, integrante de la protesta, dialogó con LA VOZ explicó que la gobernadora se propuso "sacar agente que no cumpla con su tarea, y muchos fueron bien despedidos", pero otros fueron cesanteados cuando cursaban enfermedades debidamente justificadas por carpetas médicas. 

"Yo fui dado de baja en 2008, tenía carpeta psiquiátrica, nunca intervino una Junta Médica. Luego pasan los años y me reubican, pero reabren el sumario administrativo, me depositaron el 50 % del sueldo durante 12 meses y después del año, en 2017, me despidieron", narró el entrevistado.

Añadió que "hay casos de chicos que tenían carpeta de enfermedad de 30 días, vuelven a los 33 días, cumplen días de arresto en concepto de sanción, y los echaron igual".

"La idea del Gobierno fue limpiar la corrupción, que hay mucha, pero eso es para el Jefe del Servicio, las jerarquías mayores, nosotros no tenemos ni siquiera posibilidad de participar en la red de corrupción", expresó Santillán. 

Cabe señalar que los penitenciarios cesanteados de Tandil son aproximadamente 20, pero a nivel provincial la cifra asciende a 1.500. 

"La mayoría está judicializado, a través del abogado Diego Ontivero, de La Plata", puntualizó Santillán. 

 Destacó que es padre de 4 hijos y actualmente tiene una changa como electricista del automotor. 

El acampe empezó el pasado 12 de Agosto a la noche, en tanto que desde ayer empezaron a rever caso por caso: "a una persona con discapacidad lo jubilaron, otro con tuberculosis lo echaron, cuando la enfermedad la contrajo en el Penal, y ahora lo reincorporaron. Primero van a rever los casos más recientes", detalló el trabajador.