Locales. Pericia desnudó una firma trucha en la causa por subsidios de Desarrollo Social

La causa penal que investiga la presunta malversación de caudales públicos en la Secretaría de Desarrollo Social sumó otro escandaloso ribete ya que alguien falsificó al menos una firma para cobrar un subsidio destinado a indigentes.
Carmen Francino, empresaria vinculada al servicio de los baños químicos, figuraba en un registro de la dependencia oficial como beneficiaria de ayudas de 700 pesos, pero la mujer desmintió haber cobrado esos montos.
Lo negó ante el fiscal Marcelo Fernández, cuando brindó declaración testimonial. Entonces el instructor encargó una pericia caligráfica a la Asesoría de Necochea, ente judicial que al cotejar las firmas determinó que la obrante en el recibo de cobro no es compatible con la rúbrica de Francino. Es más, a simple vista resultaría un burdo garabato.
De este modo, a la ya avanzada pesquisa sobre la entrega irregular de fondos municipales, se incorpora este dato tajante. La irregularidad denota que alguien percibió el dinero haciéndose pasar por la prestadora de servicios. Pero además, se revela que en las oficinas del ex Banco Hipotecario no solitaron DNI para identificar al verdadero beneficiario. Esto es, Francino nunca debió cobrar un subsidio destinado a personas con necesidades económicas. Pero peor aún, alguien falsificó su identidad para hacerse de esa plata, lo que enrieda aún más esta trama oscura que trata de develar la pesquisa judicial.
El caso tiene un antecedente ventilado en el juicio oral de Daniel "Picu" López, el chico condenado por varios hechos delictivos. Ante el Tribunal, el defensor Claudio Castaño aseguró que en Desarrollo Social le falsificaron la firma al pibe para hacerlo figurar en los registros del programa "Envión", cuando el joven no asistía. Y además, "se alquilaron dos casas sin contrato ni nombre de propietario declarado”. Todo solventado con dinero estatal.
El expediente que salpica al Gobierno de Miguel Lunghi, y particularmente al secretario de Desarrollo Social, Oscar Teruggi, y el subsecretario Rubén Dieguez, continúa su curso y pese a la lentitud de la causa, nunca se frenó ni se archivó. La denuncia se radicó en noviembre de 2011, bajo el asesoramiento jurídico del letrado Ariel Pellegrino.
Francino negó ante el instructor judicial que sea su firma la que figura en los papeles del ente oficial, por lo que el abogado de la parte demandante solicitó una pericia caligráfica que permita definir la veracidad de sus dichos.
Ante esta disyuntiva en la denominada "causa Hidalgo", se abrieron dos posibles caminos. O a Francino le "trucharon" la firma y no cobró el dinero destinado a personas con necesidades básicas, o de lo contrario, es su rúbrica, por lo que podría ser imputada por falso testimonio. Finalmente, la Asesoría de Necochea se inclinó por la primera opción.
Cabe recordar que los denunciantes son los concejales del Frente para la Victoria y Unión PRO. Entre abril de 2008 y junio de 2011 se presuponen pagos de subsidios para personas con necesidades económicas derivados a prestadores.
Es más, el famoso "cuadernito" escrito a mano donde los funcionarios de la Secretaría harían un registro contable en negro de los montos y destinatarios de los subsidios, figuran muchos otros nombres de beneficiarios que lejos están de pasar carencias de tipo social.
Hasta el momento, se supo que en el expediente ya se puso la mira sobre los pagos a un albañil, un herrero, un plomero, un gasista, el propietario de una cantera ubicada dentro de la poligonal y un empresario que presta servicios de baños químicos para eventos organizados por el municipio.
Pero el abogado de la oposición sospecha que hay muchos otros beneficiarios. Y la reiteración de casos podría influir en la pena a manera de agravante. De todos modos, aclaran que sólo un caso comprobado merecería un fallo adverso que complicaría la situación procesal de los funcionarios.
Pero otro dato interesante en la escandalosa historia ventilada por el delegado gremial Marcelo Hidalgo alude a la tesis del posible "peculado", es decir, más allá de la malversación de fondos, que haya un aprovechamiento económico de la anomalía donde la administración municipal resulte damnificada.