Locales. Pericias confirman las horas extras pagadas a los obreros del Cementerio

Avances significativos cobró el expediente en el que se sustancia la investigación por las controvertidas horas extras cobradas por empleados comunales que colaboraron en la organización de un acto proselitista de la UCR.
Más precisamente, en medio de un conflicto salarial, trabajadores del Cementerio, denunciaron mediáticamente el cobro de horas extras por parte del que hasta ese entonces era coordinador del área, Carlos Balbín, para colaborar en el armado y desmontaje de lo emplazado en un acto de campaña realizado en el gimnasio del Club Independiente, en el que el actual jefe comunal, Miguel Lunghi, proclamó sus intenciones de reelección.
Desde la sede fiscal donde se lleva adelante la causa se afirmó que la instrucción ha llegado prácticamente a su desenlace. Sólo restaba realizar una constatación de datos referidos al monto exacto de la presunta malversación, cuestión que fue ya saldada en las últimas jornadas.

PERICIAS
Específicamente se aguardaba la pericia contable, cuestión que deja a las claras que para el fiscal interviniente, doctor Gustavo Morey, ya la investigación tiene sus conclusiones, sólo le restaba conocer el monto que no inferirá en sus apreciaciones a la hora de imputar o no al único sospechado del hecho.
Los resultados periciales en cuestión llegaron a manos del fiscal en las últimas horas y los datos no hacen más que ratificar lo que en declaraciones testimoniales habían confiado los obreros involucrados.
El análisis se hizo sobre las planillas como los recibos oportunamente presentados por los denunciantes, que no son más que aquellos que este Diario publicó oportunamente.
La planilla alude al pago de horas extras en horarios que no se condicen con los trabajos que los empleados desarrollaban y los montos no superan los 900 pesos. Si bien en el margen superior de dicha planilla en manuscrito figuran como fechas el 11 y 12 (días previos a la noche del acto), los horarios coincidirían con lo declarado por los municipales a la hora de colaborar en el acto político.
En cuanto al contenido de la causa, además de la documentación secuestrada como la confirmación de curiosos faltantes de registros en el sector, se tomó testimonio de más de una docena de empleados involucrados en el área descripta, quienes ratificaron en un todo lo expuesto ante los medios por parte de uno de los delegados, incluso luego también respaldado por el secretario general del gremio, Roberto Martínez Lastra.
Cabe consignar que ante el avance del expediente, el funcionario sindicado del pago de las horas extras, Carlos Balbín, presentó su renuncia al cargo, a horas de la asunción del nuevo gabinete que acompañará al intendente Lunghi por cuatro años más.
Las razones quedaron expuestas en un escueto comunicado del propio Balbín, quien indicó que su dimisión estaba estrechamente vinculada a la causa que se investiga en sede judicial
Cabe señalar que la Instrucción Penal Preparatoria está caratulada como “Averiguación de causales del delito de malversación de fondos públicos”, causa básicamente iniciada y sustentada a partir de las denuncias mediáticas que los obreros del Cementerio realizaron en medio del conflicto gremial, lo que mereció luego una presentación de los concejales opositores para que la justicia investigue.
De lo sustanciado en el expediente, se desprende que los obreros ratificaron todos sus dichos, e incluso aportaron documentación que acreditaría el pago de las horas extras en aquella oportunidad. En ese contexto, la fiscalía interviniente ofició dirigencias aprobadas por el juzgado de Garantías que derivó en un par de allanamientos, aunque el resultado no resultó positivo ante la ausencia de documentación. Específicamente se subrayó que faltan papeles acerca del movimiento administrativo del área que aluden a lo denunciado por los operarios.

EL DELITO
La especulación de los investigadores que merecerá una evaluación de toda la probanza acumulada, se inclina en la presunta comisión del delito de malversación de fondos públicos agravado, haciendo hincapié en un apartado de esa calificación que alude a la pena por la imputación de peculado.
El código Procesal Penal indica en su artículo 261 al respecto que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Los antecedentes sobre esta pena señalan sobre la posible condena de 2 a 10 años de prisión, que en la mayoría de los casos es excarcelable cuando el acusado no tiene antecedentes, aunque podría ser reprimido “a reclusión e inhabilitación absoluta a perpetua”.