10 de septiembre de 2011
Mientras los escraches en la ciudad para con quien es sindicado responsable del defalco se suceden sin solución de continuidad y la auditoría interna de la entidad crediticia avanza, la causa penal hace lo propio en pos de determinar hasta dónde alcanzaría el significativo monto de dinero sustraído de los cajeros como las responsabilidades penales de aquellos que serían sindicados como responsables de la malversación.
Sin prisa pero sin pausa, la pesquisa encabezada por el fiscal Damián Borean ha quedado supeditada al informe que realice el perito contable judicial designado, cuyas conclusiones aún no han sido confirmadas. Sí se desprende de las primeras impresiones, que difícilmente se pueda determinar con exactitud el monto de la sustracción perpetrada. Si bien a priori se habló de medio millón de pesos, en verdad sería archicomplejo acercarse hasta dónde se pudo realizar la maniobra delictiva, contando como un dato nada anecdótico: el principal sospechado del defalco se dedicó al movimiento de dichos dineros por más de dos décadas.
Otro dato que ha surgido del expediente es sobre el modus operandi para que la entidad no haya notado “el trabajo de hormiga” que se hizo ante los ojos de todos, o, lo que es más escandaloso, de nadie.
En verdad y en tren de responsabilidades más allá del principal sindicado (aun no ha sido imputado), quedó demostrado que el agente bancario se movilizaba en soledad a pesar de lo que establecía el protocolo de seguridad bancaria. A priori se habla de un abuso de confianza, que no deja también de configurar un delito penal de ser demostrado.
Sobre la modalidad delictiva, se corroboró que el sospechoso simulaba el depósito de dinero en los cajeros de las localidades rurales colocando unos tacos de madera donde se depositan los billetes. Con esto quedaba un peso similar al que corrobora el cajero y, si bien podía saltar una alarma, dicho alerta se sobreentendía como un desperfecto “menor” de la máquina.
Otra particularidad del caso, la entidad bancaria perjudicada del desfalco se presentó como particular damnificado en la causa penal, algo que el Banco no acostumbraba a hacer en maniobras similares. Dicen que se trataría del segundo caso en que las autoridades de la entidad han resuelto tomar ese rumbo, dejando entrever que se trato de un hecho muy grave para la institución y a partir de allí el cambio de política.
Vale reseñar que la denuncia se inició a partir de la propia exposición del Banco que, a priori, advirtió una cuantiosa cantidad de dinero faltante de sus arcas a partir de los dichos de presunto autor.
Cabe consignar que la investigación tomó estado público a mediados de marzo. Cuando en el mismo día el Banco Industrial era blanco de un asalto a mano armada, el Banco Provincia presentaba una denuncia en sede fiscal por el faltante de al menos medio millón de pesos.
De inmediato de recibida la denuncia se comenzó a tomar declaración al personal de la sucursal del Banco Provincia de 9 de Julio esquina Pinto. La celeridad obedecía a la necesidad de contar con documentación que acreditase el movimiento de dinero que, en efecto, constatara precisamente los dineros que ahora faltan, pero a priori se alude a que la última transacción habría ocurrido 10 días antes a la detección.
EL HECHO
Lo oportunamente informado dio cuenta que el hecho fue detectado por la confesión de quien sería el responsable precisamente de la grave anomalía, quien llamativamente se jubiló.
Cuando un subgerente de la sucursal advirtió que el agente bancario ya se había jubilado y seguía trabajando, se preguntó por qué lo hacía y allí surgió la confesión.
A saber, el empleado era el responsable de cargar los cajeros de las sucursales emplazadas en María Ignacia (Vela), Gardey y Fulton. El protocolo marca que dicha operatoria la debía realizar con otras dos personas, entre ellas un agente policial. Empero, en tren de confianza tras tantos años de trabajo, las últimas operatorias (en verdad no se puede aún acreditar desde cuándo lo hacía) las realizó solo, sin cumplir con aquellos requisitos administrativos.
Así fue que sin mayores controles, el hombre sindicado operaba a su antojo, incluso él mismo era el encargado de realizar los respectivos arqueos del dinero que supuestamente depositaba en los cajeros.
Cuando se advirtió sobre su continuidad laboral, fue que el hombre dijo que hacía unos nueve meses le habían robado. Se presume que su versión se fundó en que no realizó la denuncia para no involucrar a sus superiores que, a todas luces, resultaban cómplices por dejarlo operar sin los requisitos que señala el protocolo, aquello de ir con dos personas más a la hora de depositar el dinero.
Frente a la grave anomalía, se notificó a la casa central y se realizó una auditoría que, en principio, constató el faltante de 500 mil pesos.
En el plano administrativo, se mantiene la suspensión de cuatro empleados de la entidad, hasta tanto en la faz administrativa como penal se esclarezca el delito que podría ir desde un simple hurto (millonario por cierto) a la defraudación a la administración pública.
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