Locales. Perpetua a los 3 militares, 15 años a Emilio y 11 a Julio Méndez, todos a cárcel común

Una sentencia contundente dictó ayer el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, al condenar a prisión perpetua a los 3 militares e imponer una pena de 15 y 11 años a Emilio y Julio Méndez, respectivamente, autores de la desaparición, tormentos agravados y asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno. Todos serán encarcelados en una unidad penitenciaria, según lo dispusieron los magistrados Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portella. Es un falló inédito en el país, puesto que por primera vez, dos civiles van tras las rejas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. La Justicia determinó que los hermanos colaboraron con el terrorismo de Estado prestando su quinta para instalar un centro clandestino de detención. Otro episodio significativo es la orden de una investigación penal contra los ex directivos de la empresa Loma Negra, sospechados de perpetrar la autoría intelectual del crimen. Los jueces también instruyeron una pesquisa contra los integrantes de la Corte Suprema bonaerense que, en mayo del 77´, habrían actuado en connivencia con las fuerzas militares para emitir un documento falso donde se fraguaron las condiciones de muerte de Moreno. Todavía hay ex integrantes de la cementera y magistrados de la Corte con vida, y su situación procesal podría complicarse de un momento a otro luego de la resolución emitida en la Universidad Nacional del Centro. La decisión fue celebrada con lágrimas, cánticos y emotivas palabras de los familiares. "Mi papá ganó otro gran juicio", espetó Martín Moreno pasadas las 20.30, ante una multitud de militantes, que engrosaron las columnas de organizaciones sociales y políticas frente al escenario que se dispuso en las afueras del Rectorado, en Pinto y Chacabuco. De esta manera, el veredicto plasmó en su letra la red de complicidades cívico militares, donde jefes y efectivos castrenses, grupos de poder económico y judicial, los cuales junto a la ayuda de ciudadanos como los Méndez, ejecutaron el aberrante delito en los años de plomo. El contenido de la sentencia reflejó en casi todos sus puntos el pedido de los querellantes César Sivo, Manuel Marañon y Gabriel Becker, y del fiscal general Daniel Adler. Y desestimó todos los alegatos de las defensas. En concreto, no sólo dio por acreditados los tres delitos imputados, sino que también amplió el espectro de investigación a los cómplices del poder civil. Además, se solicitó la expulsión de las Fuerzas Armadas y la quita de beneficios previsionales a los ex castrenses. Y fundamentalmente, se dispuso que el quinteto de condenados vaya a cárcel común, es decir, se descartó al prisión domiciliaria, algo que se barajaba en los corrillos durante el transcurso del debate oral. La salida de los militares Julio Alberto Tomassi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los hermanos Méndez, fue largamente esperada por los manifestantes que, confirmado el fallo, buscaban expresar su enérgico repudio. ANSIEDAD ANTES DEL VEREDICTO En voz del doctor Falcone, a las 19.30 se ventilaron los adelantos del veredicto -los fundamentos serán conocidos por las partes el 30 de marzo, en los tribunales de Mar del Plata-. El Aula Magna estaba colmada, y mucha gente quedó afuera, siguiendo los acontecimientos por parlantes. Más de una decena de reporteros gráficos cruzó la línea policial para retratar a los culpables, y gran cantidad de medios de la zona, así como la TV Pública, cubrieron la noticia. Una mezcla de nerviosismo, ansiedad y tranquilidad espiritual inundó a los familiares de Moreno. Todos tomados de la mano, con lágrimas en los ojos, esperanzados en un dictamen justo que finalmente, llegó. En el lugar no cabía un alfiler. El presidente del Tribunal, antes de comenzar con su relato, advirtió que debía mantenerse el silencio, pues ordenaría el desalojo del recinto. Pero no pudo contener los festejos que cayeron como catarata al culminar la lectura. En la primera línea de sillas, estuvieron la titular de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, "Tati" Almeida, y la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Sara Derotier de Cobacho. También funcionarios nacionales del área de Derechos Humanos, el padre Raúl Troncoso, el rector de la Unicen, Roberto Tassara, y otras autoridades. También se vieron muchos dirigentes políticos del seno local y, sobre todo, muchos olavarrienses que viajaron para estar en el inolvidable suceso judicial. Además de integrantes de la agrupación "Hijos", y otras entidades de familiares y ex detenidos desaparecidos. En torno al trío de militares, los jueces dictaron la prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudieran percibir. Fueron considerados autores directos penalmente responsables por su condición de funcionarios públicos de los delitos de infracción de los deberes especiales, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y por haber sido cometidos con violencia, imposición de tormentos, y la víctima un perseguido político; así como homicidio calificado por alevosía. Sobre los Méndez, se les endilgó la calificación de "partícipes necesarios" en la privación ilegal de la libertad agravada. Para Emilio, 15 años de prisión, y su hermano, recibió la pena de 11 años. Del mismo modo, el Tribunal rechazó el pedido de nulidad de lo actuado, en respuesta al requerimiento del abogado particular de los civiles, Andres Arla. También desechó los planteos por "juicio tardío" y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, como lo habían pedido las defensas. Asimismo, rechazaron los magistrados el pedido de inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Por la magnitud de los cargos y "las interferencias de todo tipo que desde que se cometió el hecho han dificultados su esclarecimiento, se impone la detención preventiva de todos los imputados que deberán ser alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, para lo cual deberán tenerse en cuenta las afecciones que padecen en el caso de Pappalardo y Tomassi", indicaron los jueces. Del mismo modo, ordenaron la instrucción de un sumario penal contra el teniente coronel Aníbal Verdura, jefe del Ejército en Olavarría durante la dictadura. Al finalizar la lectura, resonó con fuerza un sólo cántico: "como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar".