23 de julio de 2023
Luis Petri, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, asegura que los principales problemas de los argentinos "siguen sin resolverse y se repiten en cada rincón del país". De paso por Mar del Plata en plena campaña rumbo a las PASO del 13 de agosto, el radical mendocino subraya que "necesariamente hay que resolver el problema de la inflación y la inseguridad".
"El Gobierno está ajustando todos los meses a los argentinos con una altísima inflación que no está dispuesto a controlar y, muy por el contrario, promociona constantemente a partir de una emisión descontrolada y de financiar al Tesoro con el Banco Central", asevera en una entrevista con LA CAPITAL.
El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio sostiene además que al cepo hay que eliminarlo "lo antes posible", se muestra de acuerdo con una disminución de la edad de imputabilidad y advierte que "no hay posibilidad de acordar con el kirchnerismo". "No se puede negociar con los que han secuestrado a la Argentina", sentencia.
- ¿Cuáles serían las primeras medidas de un hipotético gobierno de Patricia Bullrich?
- Hay que hacer una reforma del Estado para garantizar el equilibrio fiscal y para que, en definitiva, los platos rotos del desmanejo del Estado no lo terminen pagando los ciudadanos a partir de la inflación. La otra cuestión importantísima a resolver es la inseguridad. Ha habido un avance del delito producto de la inacción del Estado. El caso más emblemático quizás se vea en Rosario con el narcotráfico, pero problemas de inseguridad existen en todo el país, por eso decimos que hay que utilizar todo el poder del Estado para combatir a la delincuencia, para proteger a la sociedad y defender a las víctimas.
- ¿Qué implicaría la reforma del Estado?
- En primer lugar, una reestructuración de los ministerios. En segundo lugar, un Estado austero. El concepto de austeridad republicana tiene que cruzar el desempeño de todo el Estado. En tercer lugar, ha habido un crecimiento desproporcionado del Estado que no ha supuesto una mejora en los servicios. En los últimos 20 años, el Estado aumentó en un 100% su tamaño. Pasó de representar el 23% del Producto Bruto Interno a representar más del 40%. Sin embargo, eso no se tradujo en mejores servicios. No supuso mejor educación, mejor salud ni mejor seguridad. Al contrario: pareciera que se han deteriorado los servicios básicos del Estado. Hay que arrancar por los ministerios y seguir con las empresas del Estado. Hay 33 empresas del Estado que tienen un déficit de más de 5.000 millones de dólares que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Ahí es donde decimos que hay que devolverle el poder a la gente y hay que reducir el tamaño del Estado para liberar las fuerzas productivas y poner toda la energía en todos aquellos que quieren invertir, producir y trabajar. Para que esto ocurra, hay que generar confianza, seguridad jurídica y reglas de juego claras, lo que ha faltado en todo este tiempo.
- ¿El Ministerio de la Mujer no sería necesario en ese esquema?
- Tenemos que achicar los niveles de ministerios. En el caso del Ministerio de la Mujer, las prestaciones que otorga, las brinda a través de las provincias o los municipios. Quienes están en contacto directo con mujeres que están en situación de violencia o vulnerabilidad son las provincias y municipios. Entonces, todo gasto que no redunde en un beneficio concreto para los ciudadanos, nosotros creemos que debe reestructurarse o eventualmente eliminarse.
- ¿Se podría sacar o no el cepo el primer día?
- Hay que sacar el cepo y hay que sacarlo lo antes posible. Claramente el cepo hoy por hoy está asfixiando a las economías regionales, que son altamente demandantes de mano de obra. Este gobierno tiene un perfil antiexportador y además conspira contra la creación genuina de empleo y de aliento a la producción. Entonces, hay que salir lo más rápido posible del cepo. No sé si el primer día, pero sí hay que hacerlo en un corto plazo. Hay que eliminar todas las distorsiones que hoy afectan a la productividad e impiden que se generen inversiones en el país, como los controles de precios, las restricciones a las importaciones y el cepo cambiario.
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