Locales. Piden el jury contra magistrada local

Hoy la Comisión de jury de la bicameral recibirá una denuncia por parte de letradas locales que cuestionan a la jueza de Familia, doctora Silvia Monserrat. Concretamente, el planteo alude a presuntas irregularidades que la magistrada habría cometido en la guarda de un bebé de una madre extranjera que ejercía la prostitución en nuestra ciudad.

En efecto, la doctora Ana Galván confirmó la presentación, de lo que entiende que la jueza cometió irregularidades en su juzgado con el procedimiento que debe regir por ley.

La motorización del planteo deviene de lo informado en estas paginas ediciones pasadas, acerca de lo que trascendió del propio juzgado de Familia, sobre un presunto complejo entramado delictivo que estaría siendo investigado por estas horas, a partir de ciertas anomalías que se habrían detectado en un caso de una mujer extranjera que pretendía dar en adopción a su hijo recién nacido.

Lisa y llanamente se sospecha de una red de prostitución y trata de personas, en la cual involucraría, según esa hipótesis a actores insospechados.

A saber, la historia refiere a una mujer extranjera que ejercía la prostitución en nuestra ciudad y mantuvo un noviazgo con un joven de la misma nacionalidad, relación de la cual se gestó un embarazo.

La mujer, madre de otros cinco chicos que viven en su país natal y a los que les manda una mensualidad, terminó la relación con el novio y, desamparada, intentó retomar su “oficio”.

Sin embargo, el encargado de regentear el cabaret donde ejercía no la dejó frente a su embarazo. Así fue que la mujer comenzó a consultar a distintos actores hasta que llega a organismos oficiales con la intención de dar en adopción al bebé por nacer.

Desde dichos organismos se comenzaron a realizar las entrevistas, evaluaciones pertinentes, rumbo a lo que resultaría una futura adopción que sería contemplada en el lista de guardadores que el juzgado de Familia posee.

Pasaron los días, semanas, y la mujer cambió de decisión. Dijo que se había arrepentido y no quería dejar a su bebé por nacer, hasta que pasados otros tantos días, volvería sobre sus pasos con la primera intención. Con una salvedad. Ahora su bebé por nacer quería dárselo a un matrimonio conocido, donde actualmente estaba viviendo.

El nuevo escenario llamó la atención a los funcionarios judiciales, que comenzaron a sospechar sobre un entramado cuasi mafioso del cual involucraría a terceros cuya intención, al entender de los judiciales, perseguirían otros objetivos.

Aparecerían letradas, una de parte del matrimonio interesado en quedarse con la criatura y otra en representación de la madre, insistiendo en la intención de ésta por dejar en guarda a su bebé por nacer a esta pareja, aunque desde la Justicia de Familia se resolvió ir por otro carril, insistiendo en una hipótesis muy delicada, que hace al montaje de una especie de organización vinculada a una red de prostitución (a partir de cómo llegó la mujer y dónde ejercía su trabajo) a la entrega irregular de un bebé en adopción.

En los pasillos del Hospital, donde finalmente parió a su bebé la mujer, sanitaristas reconocen las horas de tensión vividas en el pasillo de neonatología, a partir de aquella pareja y su respectiva abogada interesada en saber qué pasaba con el bebé y las profesionales que la justicia había emplazado en el lugar para que no ocurriera lo que todos sospechaban que podía pasar.

Así fue que desde Familia se resolvió que la madre no tuviera contacto alguno con su bebé, quien finalmente -hasta la fecha- está institucionalizado en un hogar de contención. Sí, pasados los días, se aceptó que la mujer fuera al hogar a amamantar a su criatura, hasta tanto se definía la espinosa situación que, a estas alturas, consta de acusaciones cruzadas.

En ese lapso, la mujer dejó de ir al hogar, había vuelto a su país natal, supuestamente sin notificación alguna de lo que había emprendido. Pasados los días, la mujer volvería, con otro de sus hijos, el más chiquito de apenas cuatro años a vivir nuevamente a la casa con aquel matrimonio interesado en quedarse con el bebé.

Cabe consignar que mientras desde la Justicia de Familia se sospecha de aquel citado delito, la otra parte interesada habla de nulidades en el expediente, a partir de decisiones judiciales que no se ajustarían a derecho, además de otras cuestiones que hacen al manejo de las adopciones y, obviamente, ponen en crisis las resoluciones de la magistrada interviniente.

LA REPLICA

La abogada Galván, defensora de la ciudadana que dio a luz el bebé hoy institucionalizado cuestiona la decisión de haber impedido todo contacto de la madre con la criatura, durante algunos días, evitando incluso, el amamantamiento.

La abogada acusa a Monserrat de no respetar los procedimientos para proteger a las personas e incluso, de ofrecer información privilegiada a la prensa (por lo expuesto en estas páginas días pasados).

La letrada aclaró que su presentación en la bicameral no habla de delito alguno, porque en el expediente no consta el supuesto delito que desde el fuero judicial se dejó trascender, empero, entendió tal vez que la comisión de jury compruebe algo, especialmente en lo que hace el incumplimiento de funcionario público.

Las críticas abundan en el procedimiento de la juez en el caso particular, habida cuenta que no habría dado parte a los órganos competentes.

Galván como su otra colega en representación del matrimonio que quería tener en guarda a la criatura apelaron las medidas tomadas por la jueza, pero no se ha resuelto en consecuencia.

Los reparos de las letradas se fundan especialmente en lo que el propio Asesor de Incapaces Nｺ 3, doctor Ezequiel Belaunzarán, opinión cuando su intervención en el caso específico.

Puntualmente el funcionario judicial indicó que resultaba entendible la contradicción que incurrió la progenitora, ya que se estaba frente a una madre cargada de angustias, con aparente familia numerosa en el extranjero con el fin de cubrir las necesidades de sus hijos, con deseos de permanencia y/o retorno a su país de origen.

Subrayó que la mujer podría encontrarse bajo lo que los médicos expresan como “estado puerperal” y con ello, en condiciones para nada óptimas que le permitan formular una manifestación de voluntad plena.

Ya en tren de críticas a lo resuelto por la magistrada interviniente, el Asesor habla en su intervención de una “gravedad institucional que sea el magistrado quien obvie sujetarse -infundadamente- a normas de carácter procesal insoslayables. Y no es esta la primera vez que lo he advertido”, sentencia sobre la falta de intervención del órgano administrativo.

Al respecto, añade sobre la “ligereza en ordenar una medida de guarda institucional sin requerir la intervención legal del Servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, no respetando la normativa a la que debemos sujetarnos, so pena de provocar, la nulidad de todo lo actuado, privando con ello de acceso a la madre y al menor a programas y planes disponibles que mitiguen la amenaza o vulneración de los derechos del niño y la situación de eventual salud mental de su progenitora”.