Locales. Piden la elevación a juicio por fraude contra la administración pública

Tal se vino siguiendo detalladamente desde éstas páginas, es un hecho el final de la instrucción penal preparatoria que llevó adelante el fiscal Gustavo Morey, en torno al caso del pago de horas extras con fondos del erario municipal. Con el procesamiento para con el único responsable político que el funcionario judicial consideró, y salvados algunos detalles que hacen a pasos procesales, se pidió la elevación a juicio por el resonante caso.
El expediente, en consecuencia, ahora quedó en manos del juez de Garantías, doctor José Alberto Moragas, quien en el término de 10 días deberá resolver la requisitoria, no sin antes recibir –probablemente- los reparos judiciales que planté la defensa del único imputado, el ex coordinador del área del Cementerio, Carlos Balbín.
Específicamente el delito que se le imputa es el de fraude en prejuicio de la administración pública, agravado por el cargo de funcionario, y falsificación de planillas de instrumento privado, agravado por el cargo que ocupa.
La pena por el hecho en cuestión comprende una pena de 2 a 6 años de prisión (excarcelable), aunque los agravantes lo inhabilitan para ejercer cargos públicos.
Es aquí una de las aristas procesales que deberá resolver el juez Moragas. Teniendo en cuenta el delito que se imputa, deberá considerar si acepta la elevación a juicio qué destino llevaría, si al Juzgado Criminal o al Correccional.
Como se vino informando oportunamente, Morey archivó parcialmente la causa en cuanto a la participación de los obreros, para así tomar sus declaraciones como testimonios que permitieron sustanciar la prueba de cargo contra el ex funcionario lunghista.
Así las cosas, el ex coordinador del área del Cementerio quedó procesado, a la espera de los correspondientes pasos procesales que definían la requisitoria a juicio oral y público, cuestión que ya ha sido resuelta.

EL CASO
Cabe reseñar que en medio de un conflicto salarial, trabajadores del Cementerio, denunciaron mediáticamente el cobro de horas extras por parte del que hasta ese entonces era coordinador del área, Carlos Balbín, para colaborar en el armado y desmontaje de lo emplazado en un acto de campaña partidaria en el que el actual jefe comunal, Miguel Lunghi, proclamó sus intenciones de reelección.
Sobre el contenido de la causa, se informó que además de la documentación secuestrada como la confirmación de curiosos faltantes de registros en el sector, se tomó testimonio de más de una docena de empleados involucrados en el área descripta, quienes ratificaron en un todo lo expuesto ante los medios por parte de uno de los delegados, luego también respaldado por el secretario general del gremio de los trabajadores, Roberto Martínez Lastra.
Cabe consignar que ante el avance del expediente, el funcionario sindicado del pago de las horas extras, presentó su renuncia al cargo, a horas de la asunción del nuevo gabinete que acompañará al intendente Lunghi por cuatro años más.
Las razones quedaron expuestas en un escueto comunicado del propio Balbín, quien indicó que su dimisión estaba estrechamente vinculada a la causa que se investiga en sede judicial
Durante la investigación, la fiscalía ofició dirigencias aprobadas por el juzgado de Garantías que derivó en un par de allanamientos, aunque el resultado no resultó positivo ante la ausencia de documentación. Específicamente se subrayó que faltan papeles acerca del movimiento administrativo del área que aluden a lo denunciado por los operarios.
El código Procesal Penal alude al respecto que “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.