17 de marzo de 2008
La Asamblea Ciudadana en defensa de las Sierras de Tandil sigue planteando su preocupación por la serranía lugareña y pide medidas urgentes para conservar el patrimonio natural de la ciudad.
Plantean una serie de interrogantes tales como “¿la decisión expresada por el gobernador será traducida en los hechos o quedará en los vericuetos de dependencias que hasta ahora se han caracterizado por privilegiar los intereses mineros?; ¿cuántas voladuras hizo Carba esta semana?, ¿quién puede decirnos?, ¿quién controló?”.
“Quizás quienes se sientan en reuniones con los dueños de las canteras nos puedan contestar. Nos deberían contestar. Mientras los funcionarios nos hablan de leyes futuras, las actuales siguen sin ser cumplidas y los responsables no son penalizados. Por el contrario, son los interlocutores privilegiados en la discusión del futuro del bien común que ellos mismos están destruyendo día a día. Ni siquiera honran el lugar que les dan aunque no lo merezcan”, agregaron los ambientalistas.
Denuncian que “siguen haciendo voladuras en abierta desobediencia a un decreto municipal que las prohíbe. Están denunciados por organizar un boicot empresarial. No dejan entrar a los inspectores municipales. Los informes de actualización de impacto ambiental no han sido presentados de acuerdo a la ley”.
“Según la contestación reciente del RENAR, autorizan a usar explosivos a las empresas que tienen certificado de productor minero y habilitación municipal. Sabemos que todas las canteras han hecho voladuras menos El Trincante, a la cual no le renovaron dicho certificado”, advirtien al tiempo que preguntan “¿por qué la provincia y el municipio no retiran esos permisos como harían con establecimientos de otras actividades en circunstancias comparables?”.
Para la entidad hay muchas leyes incumplidas y dudan del cumplimiento de las que se proyectan aprobar.
“Si está firme la decisión que expresó el gobernador, debería concretarse sin dilaciones, tomando medidas precautorias que paren ya la destrucción. De otro modo, sólo se estaría contribuyendo a una estrategia canteril que siempre busca ganar tiempo para destruir”, agregaron desde la Asamblea.
PROPUESTA
“Nuestra propuesta es que, en primer lugar, apliquen la ley y si tienen que retirar el certificado de productor minero y /o la habilitación lo hagan. En estado de derecho hacer cumplir la ley es, por definición, viable y obligatorio. La propiedad privada no exime de cumplir con las leyes y hacerlas cumplir no requiere expropiar. Si fuera así solo podrían aplicarse a los bienes estatales”, indicó la entidad ambientalista.
Agregaron que “si hubiera alguna cantera en regla entonces deberían considerarse todas las alternativas posibles para lograr un cambio del uso extractivo hacia otros sostenibles. Como ciudadanos tenemos derecho a exigir un proceso racional, transparente y democrático y a conocer los fundamentos de las decisiones de gobierno”.
Indicaron que “en todos los casos, la solución debiera considerar el carácter de áreas protegidas que merece el conjunto de las sierras de Tandil. Este es el objetivo comunitario al cual deben destinarse los esfuerzos de todos. Mirar hacia delante no debe confundirse con amnistiar a los destructores de paisaje o garantizar la impunidad. No se hace con menos sino con más responsabilidad de todos, empresas, gobierno, ciudadanos”.
Finalmente advirtieron “si no se concreta un medida precautoria que impida el aumento del daño, el tiempo que se tomen las autoridades para decidir será usado para saquear aún más nuestras sierras”.
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