Locales. Piden perpetua para los militares y 20 años a los hermanos Méndez

Las querellas solicitaron ayer el máximo de la pena para los 3 militares y 2 civiles imputados por el secuestro, tortura y asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno, al tiempo que reclamaron la apertura de una causa anexa contra los directivos de la empresa Loma Negra que habrían encargado el crimen a las fuerzas gobernantes de la dictadura.

En concreto, pidieron la reclusión perpetua para Julio Alberto Tomassi (80), Roque Italo Pappalardo (73) y José Luis Ojeda (57), y 20 años de prisión a Julio (67) y Emilio Méndez (71).

Por su parte, el fiscal Daniel Adler, requirió la prisión perpetua para los ex castrenses, más la expulsión de las Fuerzas Armadas. Y a diferencia de sus antecesores, distinguió el rol de los hermanos, para solicitar 16 años a Emilio Méndez y 12 a Julio. Argumentó que el primero tuvo otras responsabilidades como la gerencia del Banco Comercial -que casualmente no fue intervenido como las otras entidades crediticias- y la vicepresidencia de la Usina. También habría participado Emilio en las amenazas de muerte al testigo Carlos Marchioni, otro agravante. A ambos les colocó la figura de “partícipes necesarios”.

Los alegatos se extendieron por más de 8 horas, y en todos los casos dan por acreditados los epidosios amparados por la prueba testimonial y la documentación incorporada a la causa.

El doctor César Sivo, letrado asesor de Susana Lofeudo, Matías y Martín Moreno, insistió en la hipótesis del móvil económico para ir con todo sobre la firma cementera olavarriense que condujera Amalia Lacroze de Fortabat (hoy fallecida), a la que endilgan el "encargo" del crimen.

Asimismo, elevarán una copia del expediente al Ministerio de Defensa de la Nación, para que el trío de ex militares sea expulsado de la fuerza, lo que los privaría de todos los beneficios jubilatorios. Y por último, requieren el procesamiento del teniente coronel Aníbal Verdura, jefe militar olavarriense.

SIVO

La audiencia comenzó cerca de las 11.30, con un conmovedor alegato de Sivo. El letrado habló durante casi 3 horas, y además de un sólido desarrollo jurídico de la acusación, envió un sólido mensaje a la sociedad en torno a la evidente trama de complicidades cívico militares que conjugaron el contexto dictatorial, donde fue posible la desaparición y muerte de Moreno.

El abogado de la familia mixturó citas de autores literarios, películas, episodios históricos de la humanidad como el juicio a los nazis (Nuremberg), y otros recursos argumentales que le dieron dinamismo a un relato muy extenso, pero eficaz a la hora de explicarle al Tribunal cómo, según la querella, sucedieron los hechos hace 35 años, dentro del circuito represivo ilegal que, en este caso, unió a Olavarría con Tandil.

Asimismo, repartió durísimas críticas a los hombres del derecho que por aquellos años "avergonzaron la profesión", como los integrantes de la Suprema Corte bonaerense. Estos -apuntó- intentaron desactivar la investigación en los días posteriores a la captura, trabajando codo a codo
con el poder castrense de turno, que intentaba ocultar todo cuando el juez Carlos Pagliere (Azul) procuraba correr el velo de la impunidad a riesgo de sufrir lo peor.

"A Moreno lo matan por usar el arma letal de la palabra", introdujo Sivo, quien además abogó por "cárcel común" para los procesados. Para el querellante, hay prueba directa, testigos que vieron lo ocurrido, tanto en Olavarría como en la chacra de Méndez, y otros elementos que desgranan cada instancia del derrotero que siguió el ultimado laboralista.

También dijo que, en comparación con otras causas donde el porqué resulta difuso, o sólo explicado por la militancia política, aquí "quedó claro que lo eliminaron por defender a los trabajadores de canteras y cementeras", un verdadero escollo para el modelo económico imperante en los años de plomo.

En un tramo de su alocusión, Sivo dio nombres y apellido de los magistrados de la Corte que "avergonzaron a la magistratura toda".

También ratificó que a los Méndez no le usurparon el predio como sostuvieron en su defensa para desentenderse de los episodios, sino que "dieron su quinta a los militares sabiendo" que allí funcionaría un centro clandestino de detención. Y aseguraron que los capitostes de Loma Negra encargaron el crimen a las autoridades del Ejército.

Al mismo tiempo, Sivo desacreditó a Pappalardo y sus dichos sobre el Batallón Logístico 1 en el que ejercía funciones de mando como una unidad que no participaba de la lucha contra la "subversión". Puesto que según la acusación, el teniente coronel Tomassi primero y luego el mayor dirigían los hilos de la maquinaria represiva en Tandil.


RECONSTRUCCION

Sobre la materialidad del hecho, el representante de Lofeudo y los hijos de la víctima recordó que dos hombres armados secuestran a Moreno el 29 de abril del 77´, en una calle de Olavarría. Ese mismo día, fue trasladado a la chacra de Méndez. En cautiverio, lo torturaron con picana y

otros métodos, en varias oportunidades. El 3 de mayo, escapó y llegó a la casa de Valentín Bulfoni, un vecino de la quinta, a quien le pidió ayuda. Luego, el suboficial Ojeda y otro militar lo recapturan, para darle muerte con un disparo en el corazón. El 9 de mayo, en tanto, fue notificado el deceso.

Para Sivo, Moreno no es asesinado porque se escapó, sino que su sentencia de muerte estaba dada desde que Loma Negra instruyó su aniquilamiento. Los juicios contra la empresa por silicosis y otras anomalías amenazaban de lleno los intereses del grupo Fortabat.

Al mismo tiempo, la acusación asevera que antes de la captura, Moreno nunca estuvo en listas negras de militantes políticos perseguidos, más allá de que militaba en la Juventud Peronista. "A ellos les preocupaba su actividad laboral, no su participación política", distinguió Sivo. Por eso entienden que los ex directivos de Loma Negra son responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto como los 5 imputados en esta causa.

"Nunca hubo usurpación de la quinta, sino anuencia de los dueños", explicó Sivo para cargar contra los civiles.

Sobre los segundos finales de Moreno, surgió un detalle interesante. Ojeda, sospechado de la autoría material, era conductor motorista, y "era muy malo para disparar. Por eso cuando lo persigue, le tira en varias oportunidades y nunca le pega, de acuerdo a los testigos directos. Y como cobarde que es, ya dentro de la casa, le apoyó el arma en el pecho y le dio en el corazón, para no errar. Esto se desmuestra en el pequeño orificio de bala que quedó en el cuerpo", exteriorizó el letrado. También se refirió a la sangre fresca encontrada en la vivienda, donde al detenido le fracturaron la nariz con una pala u otro elemento contundente. Se desprende del testimonio de Carlos Landaburu, un civil que junto a su hermano participó de una inspección ocular nocturna, cuyos resultados fueron fraguados por la Policía. Esa noche, Emilio Méndez estuvo en la Comisaría Primera, según lo acredita una firma. El propietario de la quinta estaba "preocupado" por garantizar la impunidad, de acuerdo a las presunciones.

"La Corte tuvo una clara participación delictiva", disparó Sivo al recordar aquel 9 de mayo en el que el juez Pagliere, así como miembros de la Asociación de Abogados, fueron a pedir a La Plata una colaboración para hallar a Moreno, quien había desaparecido días antes. Como se recordará, los magistrados recomendaron alejarse de la causa, y ante la presión, terminaron forzando un comunicado oficial donde se informaba que la víctima "había sido abatido en un enfrentamiento", algo totalmente falaz.

Por otro lado, cargó las tintas a los medios de prensa del momento, como el Diario El Popular de Olavarría y Nueva Era de Tandil. "La campaña de acción psicológica intentó transformar a Moreno en un delincuente subversivo y buchón, cuando en los días del cautiverio los medios hablaban de un conocido abogado del que se desconocía el paradero, y que sus colegas estaban reclamando", dijo Sivo.



LOS MENDEZ, "PARTÍCIPES PRIMARIOS"

En otro párrafo del alegato, Sivo explicó qué rol le tocó a cada imputado en los crímenes aberrantes que se les endilgan. Entonces insistió en el Batallón Logístico 1 de Tandil, que comandaba Tomassi y cuyo segundo era Pappalardo. "Tenían carta blanca para matar, secuestrar y torturar, porque así lo dicen los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas", refirió. El área militar 121 se convirtió así en el epicentro operacional de la ejecución de Moreno.

Ojeda, entre tanto, "era motorista, tenía una patota, y está acreditado por testimonios que secuestró y torturó a los desaparecidos. Además, transportaba a las víctimas. Independientemente de que otro militar, al que culpa el mismo Ojeda, lo haya acompañado".

Y sobre Julio y Emilio Méndez, el querellante resultó tajante al otorgarles el papel de "colaboracionistas", y por ende, "partícipes primarios" de los cargos. "¿Esa quinta pudo haber sido usurpada sin que los propietarios se enterasen?, imposible", se contestó. Es que la estructura represiva jamás permitiría meterse en un lugar sin consentimiento, "sabiendo que podía ser denunciado y desbaratada así la actividad clandestina urdida", manifestó. Y en contra de los civiles, citó la declaración de Petronella Posal, casera de Los Cardos, quien vio "camiones militares y uniformados haciendo guardia en el lugar, en permanente movimiento".

"Colaboraron porque eran socios", fustigó Sivo. "Julio, el menor, sonó menos en el juicio pero por eso no es menos responsable. El siguió pagando el teléfono y la luz dos años después de los secuestros", afirmó.

En la casa había un teléfono sin disco. La línea era 2-3059. El aparato no estaba habilitado para realizar llamadas, pero sí recibía. Tampoco estaba en la guía. "¿Quién le dio a los militares el número sino fueron los Méndez?", argumentó Sivo.

"Ellos dieron aportes conscientes" a la maniobra, puesto que "nunca pudieron ignorar que en el 76´ y el 77´, dos años, sucedían secuestros y torturas en un predio de su propiedad", recalcó la querella.


EL VEREDICTO, A LAS 19 DEL PROXIMO VIERNES


Además, se conoció que el juicio continuará el jueves a las 11, con los alegatos de las defensas.

Mientras que el viernes a la mañana, los acusados tendrán la última oportunidad de declarar, si así lo creen conveniente.

Ese mismo día, a las 19, está previsto el adelanto del veredicto. Pero el fallo se leerá completo, si las partes lo piden, 15 días después.

Asimismo, el viernes 16, en las afueras de la Universidad, habrá un recital de bandas locales y la posible presentación de “Karamelo Santo”.