9 de marzo de 2012
La Corte Suprema de Justicia podría intervenir en el conflicto desatado por el subte entre el Gobierno de Cristina Fernández y la administración porteña de Mauricio Macri, si admite el pedido de dos diputados que solicitaron que aplique la vía del "per saltum" para resolver el problema "en forma urgente".
Ayer, la diputada nacional Graciela Ocaña y el legislador porteño Daniel Amoroso formularon el pedido ante la jueza número 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal.
Esa jueza es la que tramita las dos medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Macri para que la Nación se haga cargo de los subtes y el planteo que formuló el ministro de Planificación Julio De Vido para que la administración porteña cumpla con el acta de acuerdo firmado el pasado 3 de enero por el traspaso de los subterráneos.
Como en los problemas entre las provincias o incluso entre éstas y el Gobierno nacional suele intervenir la Corte Suprema por ser un conflicto entre dos Estados, ahora Ocaña y Amoroso pidieron que el tema pase directamente a esa instancia por entender al área metropolitana también es una administración autónoma.
"Pedimos que se eleven las actuaciones a la Corte y que se resuelva lo más pronto posible este problema, porque los usuarios quedamos en el medio, como meros espectadores", dijo Amoroso a la prensa.
Mientras tanto, Ocaña -titular de la Fundación Confianza Pública- hizo hincapié en "la gravedad institucional planteada y el riesgo que existe para los cientos de miles de usuarios del subte" si esto no se resuelva.
Según sostuvieron, "en medio de una disputa entre los dos gobiernos se ha dejado a los usuarios en un estado de incertidumbre e indefensión absoluta".
En la presentación a la que accedió DyN y que analiza la jueza Rodríguez Vidal los diputados le pidieron a la magistrada que "proceda a declinar la competencia de estos autos a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que, en virtud de los artículos 116 y 117 ejercerá su jurisdicción de forma originaria y exclusiva en todo aquel caso que una Provincia sea Parte -en este caso la Ciudad de Buenos Aires- y la contraparte fuese la Nación Argentina
E incluso plantearon que la Corte Suprema tome el caso como lo hizo con el tema de la contaminación en el Riachuelo, haciendo audiencias públicas, con peritajes y exigencia de plazos de solución.
Tras citar datos de jurisprudencia para justificar este pedido, el escrito sostiene que además "la gravedad institucional de gran repercusión social que existe en el presente caso amerita que (el tema) solo pueda ser dilucidados por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia".
La presentación remarcó "la amplia repercusión que ha tenido la cuestión en el espectro de información pública, así como los servicios en juego, que involucran a cientos de miles de ciudadanos, así como al Estado Nacional y El estado de la Ciudad de Buenos Aires".
Incluso, los diputados citaron palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, durante la apertura del año judicial, quien dijo: "No es sólo resolver los casos sino evitar que las tragedias ocurran y que los conflictos no siempre sean juicios".
Frente a esas palabras, se reclamó "la urgente intervención del máximo tribunal" y que, como se hizo en el caso iniciado por un grupo de vecinos por el conflicto ambiental del Riachuelo, se le ordene a las autoridades "a presentar una solución, en un plazo cierto para evitar la incertidumbre y sobre todo el riesgo de los ciudadanos, con peritajes independientes y con audiencias públicas en las que las organizaciones de la sociedad civil puedan expresar lo que se le ha impedido".
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