Locales. Polémica y reacción por informe periodístico sobre accionar judicial

Nuevamente una movida mediática que trasciende las fronteras serranas generó polémica en la ciudad, a partir de un informe que coloca a Tandil en una especie de hervidero ciudadano que no se condice con el termómetro local.
Más precisamente, la información periodística del diario capitalino La Nación alude a una ola de casos de abusos sexuales infantiles que pone en jaque al sistema judicial local, y que no hace más que reflejar situaciones ya ventiladas por medios locales con su respectivo desenlace -en algunos casos- con protagonistas comunes.
La publicación en cuestión describe sobre una serie de abusos sexuales que “está sacudiendo a esta comunidad, pero no son la atrocidad y la repetición de estos delitos los únicos motivos de la inquietud. La conmoción tiene otra fuente: una generalizada sospecha sobre irregularidades que habrían cometido algunos funcionarios judiciales y que volverían a poner en riesgo la integridad de los niños, según denunciaron más de 15 familias”.
La referencia periodística no es otra que voceros de un caso que este Diario supo detallar tiempo atrás, por la cual una pareja pelea por la tenencia de su hija y, en el medio, surge la denuncia de un presunto abuso contra la menor involucrada.
La denuncia provino por parte del padre, a través de la psicóloga de parte Daniela Lezcano, seriamente cuestionada por colegas, cuyo accionar incluso está siendo analizado por el colegio de Psicólogos a través de una denuncia del fiscal Luis Piotti.
A propósito del padre, la fiscalía a cargo del doctor Borean pidió su detención, al declarárselo rebelde frente a las disposiciones judiciales impartidas. Hoy el padre está prófugo, con su hija, a quien se le había dispuesto una guarda provisoria.
Según reza la nota capitalina, la intrincada trama de esta historia incluye acusaciones cruzadas entre las partes, supuestas amenazas, presuntas causas armadas contra los familiares de las víctimas, insultos y malos tratos entre funcionarios judiciales y familiares, como el caso de un asesor de incapaces que empujó a una mujer cuando ésta le decía que no iba a permitir que sus nietos volvieran con su padre, el presunto abusador
El informe detalla que Tandil es “una olla a presión a punto de estallar. Y ya es observada por funcionarios de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de María del Carmen Falbo, y por colaboradores del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que ordenó un análisis minucioso de la situación e incluso envió a una funcionaria a esta ciudad para que obtuviera información”.
Si bien es cierto que estuvieron en la sede judicial funcionarios de la cartera, nada surgió de controversia sobre la actuación local. Sólo el fiscal general, decidió reabrir la causa ante las nuevas dudas, que había dispuesto archivar el funcionario judicial local.
La expectativa de los actores judiciales es que la Suprema Corte de un coto al asunto, resolviendo sobre un tema que los ha dejado expuestos a una incomodidad inusual para el quehacer vernáculo.

RESPALDO COMUNAL AL ACCIONAR JUDICIAL
Consultado el flamante director de Prevención comunitaria comunal, doctor Pablo Esquivel, se dijo sorprendido por la trascendencia mediática que ha generado este tipo de denuncias, sin dejar de subrayar que para él el informe “se trata de una mirada muy particular”.
En declaraciones al programa Examen Final de la Am 1560, el abogado señaló que “están tratando de desviar la atención, como planteando que el tema viniera de la justicia presentándola como inoperante, cuando en verdad están tratando de justificar la retención de una menor, sin que pueda tener contacto con la madre. Se pretende justiciar ese accionar con el supuesto abuso por parte de la madre o su pareja. Esto no es lo correcto porque en definitiva la única que está sufriendo las consecuencias es la menor”.
En lo que podría señalarse a estas alturas como un caso emblemático dentro de un densa polémica familiar, el abogado devenido en funcionario dije entender que “esto previene de toda una movida de la parte del padre, que realmente resulta inentendible, intentando justificar el accionar del padre con estas denuncias, ensuciando el accionar de la justicia”.
Sobre su posición frente el accionar judicial local, dijo que “funciona bien, el tema es que a veces falta recursos humanos para poder funcionar operativamente. Voluntad de trabajo hay, pero a veces están superados en la demanda y en consecuencia no se actúa con la celeridad que el ciudadano quisiera”.



Manipulación

Por Guillermo Liggerini

Quien resulta lector de estas páginas vino informándose acerca de esta densa, sensible conflictividad familiar que tiene presa (secuestrada) a una nena que ya a estas alturas no se podría dimensionar en cuanto a sus consecuencias psicológicas.
Frente al tratamiento que desde éste Diario se ha tenido sobre el asunto, no se puede evitar dejar sentado alguna mirada sobre el informe periodístico capitalino, que claramente ha sido parcializado, manipulado en pos de poner en tela de juicio el accionar de funcionarios que a esta altura de los acontecimientos debieran a salir a dar explicaciones, porque sus explicaciones dejarían en claro muchas cosas, incluso algunos intereses inescrupulosos que se han puesto en juego por una organización que está generando más de un dolor de cabeza impensado.
Detenerse en apenas algunos párrafos del informe capitalino queda en evidencia la falta de otros elementos a tener en cuenta a la hora de abordar la información y profundizar en el asunto, tal vez dando cuenta del hecho a muchos kilómetros de la ciudad.
Como ejemplo, cuando se alude a la psicóloga Lezcano, quien evidentemente abasteció de información al enviado periodístico dejando entrever presiones y presuntos procedimientos delictivos de los propios actores judiciales para reprimir la embestida de la profesional para con los funcionarios lugareños.
Precisamente la psicólogaa alude que el 9 de octubre pasado hizo la denuncia contra al accionar del fiscal, y ese mismo día el colegio de psicólogos le abrió un sumario a Lezcano, tras una denuncia de Piotti por violación del código de ética.
Ese mismo día, el hermano de la psicóloga forense, Roberto, fue detenido por tenencia simple de cocaína en “un dudoso procedimiento”. Dijo que la policía lo acusó de haber arrojado un paquete con la droga desde una moto, 3000 metros antes de donde fue interceptado. Fue encerrado en una comisaría. Allí estuvo un tiempo, hasta que su hermana ofreció una entrevista a un canal local y, horas después, la jueza de Garantías Stella Maris Aracil ordenó el traslado del acusado a la cárcel de Sierra Chica. La tenencia simple es excarcelable.
Para Lezcano, que atendió a la mayoría de los chicos sometidos a abusos cuyos familiares ahora denuncian irregularidades, la detención de su hermano es una forma de presionar para que ella deje de intervenir en estos casos.
Evidentemente, el enviado periodístico no conoce de quién se habla cuando se detalla sobre la situación del hermano de la psicóloga. De haberse informado, de haber palpado la vida local, se habría alertado que el hombre no sólo estuvo entre rejas por una simple tenencia de drogas, sino por hechos mucho más graves.
En medio del fragor del debate por la ley de medios, se aludió acerca de los monopolios, de una sola versión de la realidad. He aquí el ejemplo de cómo manejar la información y distorsionar la realidad según la conveniencia.