Locales. Presentan proyecto de ordenanza para la restitución urgente de las prestaciones médicas a afiliados de IOSFA

La iniciativa exige al Gobierno Nacional y a las autoridades de IOSFA que garanticen de forma urgente el restablecimiento del servicio, en medio de una crisis sanitaria que afecta a personal retirado y activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, adultos mayores y familias completas que hoy no pueden acceder a medicamentos, tratamientos, consultas ni estudios médicos.

"IOSFA está colapsada y el gobierno de Milei mira para otro lado. Estamos hablando de más de tres mil tandilenses completamente desamparados", advirtió Sereno. Y agregó: "La salud no puede esperar".

El proyecto detalla que IOSFA, con más de 550.000 afiliados en todo el país, atraviesa una situación financiera terminal: un déficit mensual de 15.000 millones de pesos y una deuda acumulada que supera los 160.000 millones. Según el bloque de Unión por la Patria, este colapso no es heredado sino consecuencia directa del actual modelo de desfinanciamiento del Estado. "En diciembre de 2023, el propio Ministerio de Defensa informaba que IOSFA tenía más de 25.000 millones en reservas. Hoy no puede garantizar ni una receta", aseguró Sereno.

Desde el bloque remarcan que no se han dado respuestas concretas ni plazos definidos por parte de las autoridades nacionales ni de la obra social. "El presidente de IOSFA dijo que necesitan tiempo y dinero. Pero del otro lado hay personas que no pueden esperar: hay tratamientos interrumpidos, operaciones postergadas y medicamentos que no llegan. Esto ya es abandono de persona", señaló Sereno.

En el mismo sentido, el proyecto expresa su preocupación por las consecuencias sociales y sanitarias del desmantelamiento del sistema de salud estatal. "Lo que está pasando con IOSFA es una muestra más del desastre que genera una política de ajuste sin límites ni sensibilidad. Este gobierno está dejando a la gente a la intemperie", concluyó.

El texto solicita enviar la resolución no solo a las autoridades nacionales, sino también al Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ejecutivo Municipal y los legisladores provinciales y nacionales.