9 de marzo de 2021
En sus considerandos, el proyecto señala que "la pandemia
del COVID-19 ha profundizado las dificultades de acceso a la vivienda de
millones de compatriotas" y que "han crecido las dificultades
socioeconómicas de inquilinas/os en nuestro país, y de miles de inquilinas/os
en nuestra ciudad".
En ese sentido, detalla que "la asimetría en las
relaciones contractuales en el acceso a la vivienda por alquiler, ha creado
múltiples situaciones de incumplimiento de las nuevas disposiciones nacionales
durante la pandemia por parte de propietarios e inmobiliarias, como es el caso
de: los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, mediante los cuales se
prorrogaron los contratos, congelaron precios y suspendieron desalojos; así
como en relación a la nueva 'Ley de Alquileres'".
"La finalización de la vigencia del Decreto del PEN
(Poder Ejecutivo Nacional) el 31 de marzo del vigente año, traerá nuevas
dificultades y conflictos para los hogares inquilinos de nuestra ciudad,
acrecentado por los aumentos de los valores de alquiler de vivienda, propuestos
por el mercado inmobiliario" y que "esto conlleva a la profundización
de precariedad habitacional y vulnerabilidad social do miles de hogares
tandilenses, complejizando el acceso a vivir bajo un techo digno y bajo
relaciones de justicia".
"Son las mujeres en general, y colectivo LGBTTIQ, quienes se
encuentran en una relación de mayor asimetría de poder en estas relaciones
contractuales, y son quienes más se responsabilizan ante las situaciones de
conflictos que se desarrollan entre las partes en el acceso a la vivienda por
alquiler, empeorando esta situación en los casos de madres solteras
inquilinas".
"Asimismo, esta problemática que se vive intensamente en la cabecera del Partido, comienza también a mostrar su rostro en las localidades del interior del mismo, como es el caso de Vela, donde se desarrolla un incipiente mercado de vivienda en alquiler que dificulta enormemente la posibilidad de asentarse en el lugar para muchos hogares".
ARTICULADO
El proyecto destaca, en su artículo 1, que "el
Departamento Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para el abordaje con
perspectiva de género en lo que refiere a la atención de la OMAI".
En su artículo 2, prevé que "se dispondrá a la OMAI
como área prioritaria en el marco de la implementación de la Ley Micaela, a fin
de garantizar las capacitaciones que permitan un abordaje con perspectiva de
género".
También se propone conformar "una Guía de Actuación Frente a
situaciones de Violencia por Motivos de Género, de forma tal que en la atención
en la OMAI se logren identificar los tipos y modalidades de violencias
estipuladas por la Ley. 26.485".
"Frente a la detección de una situación de Violencia por
Motivos de Género, se brindará la información necesaria para canalizar dicha
problemática, en particular sobre la asistencia que se brinda desde la
Dirección de Género y Diversidad y/o Secretaría de Desarrollo Social".
"En las situaciones que se disponga de la instancia de
mediación comunitaria a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica y se
identifique Violencia por Motivos de Genero, se considere la posibilidad de que
la misma se desarrolle sin la necesidad de convocar a ambas partes de forma
conjunta, de forma tal que se resguarde la integridad física y psicológica de
la parte afectada".
El artículo 6 expresa que el Departamento Ejecutivo
"arbitrará los medios para difundir y acercar la labor de la Oficina
Municipal de Atención para Inquilinos a las localidades del interior de nuestro
Partido, particularmente a la localidad de Vela".
Por último, el artículo 7 establece que, como condición,
"los establecimientos comerciales habilitados en el Partido de Tandil que
desarrollen la labor de intermediarios en la relación de locación de viviendas
y comercios, tengan a la vista del público y sus clientes, de ser posible en la
vidriera comercial, información y datos de contacto de la OMAI" y que el
Ejecutivo será quien establezca "formato y contenido del mismo".
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