Locales. Presentaron amparo colectivo para que se suspenda el aumento de gas en Tandil

Mientras gran cantidad de vecinos se movilizó con el tarifazo del gas en Tandil, el concejal del Frente Renovador, doctor Gustavo Ballent, junto al director del Bapro, doctor Mauricio D"Alessandro y el doctor Sebastián Romay presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Correccional Nº1 del doctor Carlos Pocorena para que se suspenda el incremento de la tarifa de gas en el Partido de Tandil.
Sebastián Romay destacó que la presentación comprende a toda la ciudad y aunque no desconocen que se trata de competencia federal, se le pide a un juez de Tandil, en este caso el titular del Juzgado Correccional Nº1, doctor Carlos Pocorena para que resuelva sobre la cuestión.
En las argumentaciones de la presentación se hace alusión a que no se concretó una audiencia pública para concretar la adecuación tarifaria, la falta de un cuadro estimativo a través de un estudio para determinar cuanto se tiene que cobrar.
También aluden a que no se debe dejar de tener presente que es un servicio público, y que el Estado delega a un particular la provisión del servicio y debe estar bien controlado, asegurando a la proveedora una rentabilidad mínima.
Enumeró que 2590 millones de dólares que se destinaban a subsidios para mantener baja la tarifa ahora se trasladó a los usuarios.
Asimismo dijo que la 25561 ley de emergencia económica del 2001/2002, donde surgen acuerdos provisorios sobre cuadros tarifarios para adecuar y dicha ley de emergencia está prorrogada hasta el 2017.
El magistrado tiene 48 horas para resolver sobre la cautelar, para determinar si da curso al amparo o lo desestima.
Presentación particular
A su vez el doctor Santiago Romay confirmó a AM1560 que fue presentado un amparo particular ante el Juez Federal de Azul Martín Bava y la impulsora del amparo es la vecina Cristal Meclazke. “Los fundamentos son los mismos que se presentó contra el aumento del gas en 2014 en Defensa del Consumidor, es decir que el aumento fue realizado de manera irracional y con la ausencia de la correspondiente audiencia pública. Estos no son requisitos menores, hace dos años el doctor Bava que es el juez interviniente dictó una medida cautelar que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata con los mismos fundamentos irracionabilidad en el aumento”, explicó Santiago Romay.
Agregó que “en ese momento el aumento llegaba al 100%. En este caso estamos hablando de aumentos del 1.500, 1.900%. El metro cúbico pasó de 22 centavos a 4,70 pesos, ello significa un aumento del 2.125% que es una enormidad. Eso marca una irracionalidad del aumento que no podemos negar, sumado a la falta de la audiencia pública que también es un hecho objetivo.
Aranguren salió a decir que hubo una audiencia pública en el 2006, que esa audiencia pública le sirve para acompañar estos aumentos”.
“La realidad es que en el 2014 cuando el ministro de Planificación Julio De Vido intentó realizar el mismo aumento sin la audiencia pública, que es un requisito de raigambre constitucional porque está contemplado en el artículo 42 le pasó lo mismo que le va a pasar, que le está pasando al gobierno nacional porque el Juzgado de Azul es un caso pero ya lo vimos en Rawson, lo vimos en Bariloche y lo vimos en Mendoza y lo vamos a seguir viendo porque hasta tanto no se haga el aumento como corresponde como dispone la ley con una audiencia pública y una debida racionalidad el aumento va a seguir siendo inconstitucional como es el presente caso”, se explayó el asesor letrado.
Asimismo recomendó a los usuarios que cuando reciban las facturas con los incrementos que no la paguen, porque va a pasar lo que ocurrió hace dos años.
“Si agarran las boletas del bimestre pasado va a ver que tiene un cartelón decisión judicial que era este amparo acá va a pasar lo mismo, porque para realizar este tipo de aumentos hay que seguir ciertas normativas y esas normativas las tiene que cumplir el particular y las tiene que cumplir el estado” continuó.
Esgrimió Romay que “la tenía que cumplir el Kirchnerismo y la tiene que cumplir el PRO no caben dudas de eso. Si hace dos años este aumento era irracional y era ilegal en virtud de no haberse hecho la audiencia pública, hoy es lo mismo. Lo que si necesitamos es que la Oficina de Defensa del Consumidor lo plantee, porque yo lo planteo desde el punto de vista particular y si bien yo hice una construcción pretoriana, una construcción jurídica para poder extender a todo el colectivo de ciudadanos el que tiene la personería y la legitimicación procesal activa para realizar el reclamo con carácter prohibitivo es la Oficina de Defensa del Consumidor y/o un defensor del Pueblo que sería muy necesario, más no yo. Igualmente invoqué al Ministerio Público Fiscal para que pueda cubrir esa falencia”.