Locales. Presentaron la oposición a juicio contra el abogado acusado de cohecho agravado

Los doctores Andrés Marcelo Argeri y Claudio Castaño, como defensores particulares del joven abogado Juan Manuel González Guerra, presentaron la oposición a juicio por la causa caratulada “Doctor González Guerra Juan Manuel sobre cohecho agravado “, instrucción llevada adelante por el fiscal Luis Piotti. Los abogados solicitaron el sobreseimiento total del colega, subsidiariamente y de no compartir el criterio defensista, se requirió el ajuste de la calificación, habida cuenta no haberlo formulado ajustado a derecho el Fiscal.
Para los defensores resulta inexistente el hecho denunciado, añadiendo que la Fiscalía, pretende “infructuosamente” sostener a ultranza el hecho que denuncia el juez Galli.
Se referencia que el imputado niega rotundamente que él ofreciera la suma de cinco mil pesos al juez para que morigere o beneficie la situación privativa de libertad de Víctor Sebastián Saravia, o para que haga valer su influencia ante el resto del Tribunal, dado que el motivo de la entrevista fue el declarado por el imputado en la oportunidad prevista en el artículo 308 del C.P.P.
Se acota que también debiera tenerse en cuenta que González Guerra no era defensor particular de Saravia. Como así también era legalmente imposible morigerar la situación privativa de la libertad, dado que ya la había solicitado Saravia y se la habían denegado, por lo que el día del hecho no habían transcurrido los términos procesales exigidos para solicitarla nuevamente.
Por otra parte, se agrega que Galli denunció no conocer personalmente al doctor González Guerra, para luego en otra declaración manifestar que conocía a allegados y que se enteró luego del suceso, lo que le ha pasado inadvertido, dado que Galli acompañaba a su hijo a la casa del hijo de la hermana de González Guerra, para que juegue con el sobrino del mismo, “por lo que deja en evidencia la mendacidad de su denuncia”.
Otro asunto a poner el acento fue que el denunciante en su primera declaración dijo no recordar como se le ofreció el dinero, para luego de pasados 6 meses de la primera denuncia, dando detalles, concordantes con declaraciones ampliatorias del secretario del Tribunal, doctor Vaticano, y del empleado judicial Eduardo Perone.

DECLARACIONES
Planteando contradicciones del denunciante, los defensores detallaron en la presentación que la primera declaración dejó aclarado que la entrevista es en su despacho donde se encontraba solo, sin ninguna otra persona presente (sic). Y sigue diciendo que se presentó y le manifestó que lo había llamado “Saravia” por teléfono a los efectos de obtener el beneficio de prisión domiciliaria.-
Esto no es lo mismo –consideran- que dice en su ampliación, donde expresa: que venía a pedir una morigeración o beneficio a la prisión que sufria Saravia.
Los letrados afirman que “para un funcionario de esta categoría, con tantos años en el poder judicial y en materia penal, estos dichos pueden ser similares, pero no son iguales y además no recuerda cual de las dos expresiones utilizó, cuando en su primer declaración, expresa claramente que lo que pretendía Saravia era el beneficio de prisión domiciliaria”. Ante esta disparidad, no cabe otra alternativa, subrayan, que descreer de la imputación, dado que no por ser magistrado se le debe dar credibilidad a ultranza, porque esta disparidad de términos jurídicos, no puede ocurrir bajo ningún aspecto.
Para los abogados, toda la imputación ha sido una creación de laboratorio jurídico, “desde el denunciante, el fiscal que fue su secretario, el secretario actual doctor Vaticano y el secretario de fiscalía doctor Langer, que al solo analizar las piezas se entiende como se ha construido la presente causa.
El fiscal, demuestra su parcialidad al no ser objetivo, cuando sostiene que el relato del denunciante se muestra congruente, sin fisura ni contradicciones, acomodándose a un previsible desarrollo de los acontecimiento.
Consideran que la Requisitoria de Elevación a Juicio está puramente basada en suposición y carente de prueba consistente y conducente que configure tanto objetiva como subjetivamente el delito que se pretende imputar a nuestro defendido; nos sorprendemos al notar que se toma la declaración del imputado como prueba de cargo, y en el relato del punto correspondiente donde es tratada, se abarrota de adjetivaciones, a punto tal que parece olvidar el Fiscal que la declaración del imputado es el acto procesal donde se recepcionan las expresiones del imputado, no es un medio de prueba sino un medio de defensa.
“Nos encontramos con un supuesto delito de cohecho agravado, en donde no existen pruebas certeras que nos den una idea acabada de como sucedió el ilícito, si es que efectivamente sucedió”.
“Puesto –se siguió- que al no haber testigos presenciales de como supuestamente se desarrollaron los hechos denunciados por Galli, el resto de las declaraciones testimoniales admitidas, son de meros testigos de oídas, que no pueden dar fe a ciencia cierta de que los hechos se desarrollaron como los relata el denunciante, debido a que no entró por sus sentidos nada de lo ocurrido dentro del despacho del Magistrado”.
Así –sostienen- el Fiscal, intercala las piezas como en un rompecabezas cuando lo único certero en el Requisitoria de Elevación a Juicio es un denuncia sin testigos abarrotada de contradicciones y recuerdos posteriores que van increcendo, lo que es contrario a la realidad, que es cuando más pasa el tiempo, menos se recuerde, pero parece que aquí se agrava el hecho –total nadie puede decir lo contrario y es palabra contra palabra-, los que vienen a correr la suerte de las piezas perdidas.
“Todo el procedimiento es lo más cercano a una falacia con un alto grado de violación a los derechos constitucionales y los Tratados Internacionales que tiene rango constitucional del debido proceso”, acusaron en su argumentación.
También puntualizaron que no puede ignorarse que la sola denuncia no basta para imputar un delito y mucho menos de tamaña envergadura, “cuando se tuvo todo al alcance de la mano para probar y demostrar su existencia, si hubiera ocurrido”.