23 de marzo de 2012
La presidenta Cristina Fernández reclamó ayer a Gran Bretaña que "cumpla las resoluciones de la ONU" que instan a negociar la soberanía de las islas, mientras que la Cancillería presentó la primer denuncia contra empresas relacionadas a la exploración "ilegal" de hidrocarburos en la zona de Malvinas.
Durante dos actos que presidió ayer, la mandataria llamó a los argentinos "más allá de las ideologías", a "militar en favor de la paz" y reiteró que se propone "recordar a todos, aún a los que quieren agitar banderas de militarización, un llamado a que hay que resolver las diferencias y conflictos de otro modo, y que Argentina va a estar siempre del lado de la paz".
En tanto, la Cancillería presentó ayer notas ante las bolsas de valores de Nueva York y Londres en las que advirtió que compañías con intereses en ambos entes bursátiles realizan "tareas de exploración ilegal" de hidrocarburos en las Islas Malvinas, informó hoy el Palacio San Martín.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se pidió a ambas bolsas que "exijan" a las empresas involucradas "que informen respecto de tales actividades ilícitas, así como cuantifiquen los riesgos derivados de éstas. De tal manera, estarán en condiciones de evaluar si corresponde continuar cotizando sus títulos".
La medida obedece a la política anunciada el jueves pasado por el canciller Héctor Timerman y está dirigida contra las compañías Argos Resources Limited; Borders & Southern Petroleum PLC; Desire Petroleum PLC; Falkland Oil and Gas Limited y Rockhopper Exploration PLC, a las que el gobierno acusó de "estar ilegítimamente realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, exponiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales".
Las misivas, además, incluyeron un listado de empresas vinculadas directa o indirectamente a las compañías petroleras mencionadas, y otro con las empresas "que han manifestado interés en invertir en ellas".
De esta manera, el gobierno argentino comenzó a cumplir la instrucción dada por la Presidenta de poner en marcha un "plan" de judicialización y denuncias administrativas y comerciales "en el país y en el exterior" no solo contra empresas petroleras que operan en la zona circundante a las islas sino también a las firmas que les brinden "apoyo logístico, financiero y asesoría en general".
A 11 días de que se cumpla el 30 aniversario del conflicto de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido, la Cancillería difundió la medida, que se suma a la denuncia de febrero pasado presentada ante la ONU contra Londres por la "militarización" del Atlántico Sur.
Las notas dirigidas a Christopher Gibson (titular de la bolsa de valores de Londres) y a Duncan Niederauer (director ejecutivo del mercado de valores en Wall Street) plantea la necesidad de que las empresas involucradas provean datos para que "los inversores actuales y eventuales estén debidamente informados de los riesgos legales que conllevan tales operaciones".
Al aludir a la escalada diplomática con el Reino Unido por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Cristina Fernández insistió ratificó además las diferencias de su gobierno con la última dictadura militar respecto al dar ayer apertura oficial al denominado Informe Rattenbach en un breve acto realizado en la residencia presidencial de Olivos, en el que se detalla la responsabilidad que tuvieron los militares argentinos en el bélico de 1982.
"Tenemos la necesidad de darle una mano a la paz, de respetar a los organismos internacionales" que promueven una negociación sobre Malvinas, insistió.
En esa línea, apuntó que en la Guerra de Malvinas murieron 274 soldados argentinos, pero "posteriormente se suicidaron más de 400" lo que demuestra "el horror de la guerra".
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