Locales. Primer desalojo en terrenos ocupados del Plan Federal de Viviendas

En el marco del dilatado conflicto habitacional de La Movediza, donde vecinos continúan la toma de terrenos y casas de propiedad fiscal, ayer se desarrolló el primer desalojo judicial, medida que podría sentar un precedente para el resto de los inmuebles tomados.
Cerca de las 10, dos patrulleros y una unidad de la Secretaría de Desarrollo Social arribaron al escenario del procedimiento, sito en Los Crisantemos al 2.000, donde dos lotes ocupados (con construcciones anómalas) fueron recuperados por la comuna, a instancias de una orden del fiscal que entiende en la causa penal.
Los trascendidos extraoficiales aluden a familias de nacionalidad peruana, que se dedicarían al comercio de vestimentas.
En el lugar, LA VOZ dialogó con el subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Dieguez, quien anticipó que se trata de la primera decisión judicial en el marco de la toma de La Movediza.
"Son dos terrenos del Plan Familia Propietaria, destinados al Plan Federal, donde se estaba ocupando y construyendo ilegalmente"; explicó el funcionario, quien asistió a la zona junto a la abogada de Legal y Técnica, Analía Mastropierro.
A partir de un dictamen librado por la Unidad Funcional de Instrucción, "se ordenó que se desocupara la propiedad, pero no se encontró a ningún morador. La Policía labró un acta y dialogó con una persona aparentemente conocida de los ocupantes, a la que dio cuenta del secuestro de las pertenencias".
Los comentarios que llegaron a oídos de Dieguez identificaron dos apellidos: "Paredes y Portillo", aunque ese dato no pudo ser corroborado por el funcionario.
La comuna había entregado esos terrenos a la empresa constructora Málaga, para que de continuidad al Plan Federal de Viviendas, pero estas familias se anticiparon mediante la toma.
"El municipio es denunciante de la ocupación de los lotes", añadió Dieguez, para clarificar que la presentación judicial atañe a la totalidad de los inmuebles fiscales ocupados en La Movediza.
Cabe señalar que con algunos ocupantes se lograron acuerdos extrajudiciales, y se terminaron yendo de las casas, pero en otros casos, la gente persiste en el lugar, cuestión que motivó la denuncia del Ejecutivo ante la Justicia.
"Esta es la primera orden judicial", destacó el subsecretario, mientras los efectivos retiraban las pertenencias de las casas en construcción.
Actualmente, hay 65 viviendas y 15 terrenos ocupados, a los cuales el municipio le puso la mira con vistas a liberarlos y devolverlos a la firma encargada de la construcción del barrio social.
El personal policial afectado a la diligencia pertenece a la Comisaría Segunda.
El hecho reviste relevancia porque implicaría un primer paso hacia la recuperación forzosa, vía judicial, de todos los inmuebles comprendidos en el Plan Federal cuyos moradores se encuentran en situación irregular.

Denuncian
al hijo del Intendente

Alertados
y movilizados por lo que comenzó ayer, la comisión de Toma y
Posición protagonizó una asamblea en la que volvieron a criticar
con dureza a la administración comunal e incluso ahora fueron por
más. Una de las mujeres del barrio que admitió usurpar uno de los
terrenos sindicó al hijo del jefe comunal y actual directivo del
Comité local, Miguel Lunghi (h), como quien presuntamente habría
avalado la toma.

Osvaldo
Maestrojuan, uno de los voceros de la comisión tras la reunión
resumió que van a resistir a los desalojos hasta las últimas
consecuencias, sin dejar de achacar que “esto es el intendente
Lunghi, ni más ni menos. Un gorila que detesta las clases sociales
más bajas. El trabaja y gobierna para un sector de la sociedad, para
el turismo y la clase pudiente. Cuando se puso la réplica de la
Piedra Movediza se dijo que el barrio iba a cambiar y seguimos con
las calles de tierra rotas, pero si miramos a la otra punta de la
ciudad vemos calles de asfalto sobre las sierras”.

Acto
seguido, expresó en el programa Examen Final de la Am 1560 María
Estela Maldonado, que cedida la palabra por el propio Maestrojuan
reconoció que ella usurpó un terreno, “era un terreno que estaba
imposible, cargado de mugre y pajonales, hasta que charlé con una
abogada quien me sugirió que me metiera. Entonces lo cerqué, lo
limpié y me hizo un papel para pedir la luz a la Usina. Me dieron la
luz”.

“Como
trabajé en varias oportunidades en el Comité Radical -siguió-, fui
a pedir una entrevista con el intendente Lunghi, pero me dijeron que
no podía atenderme. Fue Hugo Buzo, encargado de la sede partidaria,
quien me derivó con el hijo del intendente, que era secretario del
partido.

Le
comenté cuál era mi situación, que había ocupado un terreno y
quería construirme una casita y él me dijo que sí, que no había
problema, que lo mantuviera limpio, que parquizara, pusiera algunas
plantitas. Me preguntó qué iba a ser y le dije que una pequeña
casita, que más no podía, y me dijo que bueno, que siga. Ante eso
tomé ánimo y iba a empezar, hasta que llegó la empresa Málaga y
se quedó con el terreno”.