Locales. Primera jornada con pruebas desgarradoras y una trama llena de complicidades

Eran las 13.12. El Aula Magna en silencio. Entró a la sala el tribunal marplatense y se leyeron los cargos contra 3 militares y 2 civiles en el crimen del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, ocurrido en 1977. Así empezó la ronda de audiencias de un juicio inédito.

La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, pañuelo blanco en la cabeza, bastón en mano, sentada en primera fila, a cinco metros de los procesados, ayer impunes, hoy en el banquillo sometidos a derecho, en el primer juicio contra civiles presuntamente colaboracionistas de la última dictadura. A su lado, "Tati" Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, un emblema de la lucha por los Derechos Humanos.

El recinto estaba repleto de abogados, familiares de víctimas de la represión ilegal, autoridades gubernamentales, miembros de "Memoria por la Vida en Democracia", militantes de distintas ciudades y mucha prensa. Afuera, sobre las cortadas calles Pinto y Chacabuco, las banderas de agrupaciones políticas flameaban en la calurosa tarde de Tandil.

El debate oral, sin precedentes en la región, empezó con el relato de pruebas abrumadoras, cargadas de solidez técnica y mucho contenido sentimental: el dolor ante los detalles conmueve a cualquiera, aunque hayan transcurrido más de 30 años de los hechos.

La chacra de Méndez, donde -todo indica- funcionó un centro clandestino de detención, su geografía siniestra en los años de plomo, la arquitectura, el escape frustrado de Moreno, la salvaje sentencia de muerte. Todo eso pudo vislumbrarse en la lectura de los autos de elevación a juicio.

Pero además de la participación que le atañen a los 5 imputados -José Luis Ojeda (57), presunto autor material del crimen-, Julio Alberto Tommasi (80) y Roque Italo Pappalardo (73), los tres castrenses, más los civiles Julio (67) y Emilio Méndez, se descubrió un fuerte velo en materia de complicidades políticas en la época. El fallecido Julio José Zanatelli, intendente durante el "proceso" y luego votado por las mayorías tandilenses en democracia, quedó abiertamente involucrado en la amenaza de muerte a un testigo que declaró, en 1977, sobre el homicidio del abogado (ver aparte). Lo que agrega gravedad institucional a una causa de por sí muy pesada en materia jurídica.

Con todo, la jornada arrastró gran expectativa demostrada en la cantidad de público presente. Incluso varios periodistas acreditados corrieron riesgo de no ingresar a la sala por una confusión de la organización. Finalmente, todo se desarrolló normalmente.

Por vez primera, los procesados mostraron sus rostros a la sociedad, todos juntos. Algunos mascaban chicles y se mostraron serios, atentos a la lectura del Ministerio Público Fiscal. Los militares son representados por los defensores oficiales Graciela Maceda, Patricio Varela y Victoria Sánchez Soulié. Y los Méndez, asesorados por el letrado particular Daniel Adler.

Los fiscales son Walter Romero y Marcos Silvagni. Los querellantes son 3: la Secretaría de DDHH de la Provincia, representada por el doctor Gabriel Lescher, la APDH de Azul (Manuel Marañon) y la mujer e hijos de Moreno (César Sivo).

A instancia de los jueces, la Fiscalía expuso sus argumentos contra los acusados. En síntesis, citaron la investigación plasmada en la instrucción, donde existen pruebas que implican a Ojeda en la autoría material del asesinato (vía dos disparos) de Moreno, en tanto que Pappalardo y Tomassi habrían ordenado esta muerte, en el marco de un Estado que ejecutó la desaparición sistemática de disidentes, así como la tortura, secuestro y en muchos casos muerte de los detenidos en forma ilegal.

Los Méndez, (Emilio, ex gerente del Banco Comercial), son sindicados por "facilitar" la chacra de su propiedad a autoridades del Ejército Argentino, entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 1977, para convertir el predio en un centro de secuestro, torturas y muerte.

En sus anteriores declaraciones, tanto Ojeda como los civiles negaron de plano su participación en el episodio. El militar adujo que "todas las pruebas conducen a otra persona", desligando responsabilidad en un cabo primero hoy domiciliado en Mendoza. Esa información -dijo- la obtuvo de un sobre anónimo que llegó a su casa cuando él ya estaba detenido, allá por 2009.

Y los Méndez, que compraron la quinta en 1972, aseveran que "jamás le presté el predio a nadie", al tiempo que describieron el inmueble como una vivienda precaria, cuya pileta no usaban porque no había agua, que fácilmente pudo haber sido usurpada ya que era sencillo penetrar por sus ventanas, según se defendieron oportunamente.