La Región. Proponen la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales para limitar la propiedad extranjera en PBA

El kirchnerismo bonaerense presentó un proyecto de ley para establecer un límite del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en el territorio de la provincia de Buenos Aires y en cada uno de sus partidos. La iniciativa fue impulsada por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, y plantea crear un régimen provincial de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.

El proyecto busca regular la adquisición y tenencia de tierras por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, al tiempo que propone avanzar en un relevamiento de la situación catastral y dominial de los inmuebles rurales. Entre sus principios rectores, el texto menciona la soberanía territorial, el interés público provincial, la función social y ambiental de la propiedad, el arraigo, el desarrollo productivo y la soberanía alimentaria.

La propuesta establece que el límite del 15% se aplicará tanto sobre el total del territorio provincial como sobre la superficie de cada municipio en el que se encuentre el inmueble rural. A su vez, fija que las personas humanas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podrán superar el 30% de ese porcentaje. El proyecto también establece un límite de hasta 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada Zona Núcleo, o una superficie equivalente que deberá determinar la reglamentación provincial según la ubicación y las características productivas de cada región.

QUÉ PROPONE EL PROYECTO SOBRE LAS TIERRAS EXTRANJERIZADAS

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, que tendrá entre sus funciones relevar la titularidad o posesión extranjera, requerir información a organismos provinciales y expedir certificados de habilitación para las operaciones alcanzadas por la ley.

El registro también deberá identificar al beneficiario final de las sociedades, fideicomisos, fondos de inversión, sociedades controlantes o vinculadas y otros instrumentos que posean, exploten, administren o controlen tierras rurales en territorio bonaerense. La falta de identificación de ese beneficiario impedirá la emisión del certificado de habilitación y la inscripción registral de la operación.

El proyecto contempla además la prohibición de utilizar personas argentinas o sociedades constituidas en el país como una forma de simular una titularidad nacional con el objetivo de eludir las restricciones. En esos casos, la iniciativa califica la maniobra como una simulación ilícita y fraudulenta, mientras que los actos jurídicos realizados en violación de la norma serían considerados nulos.

La propuesta incorpora, además, algunas excepciones para personas extranjeras. Quedarían exceptuados quienes acrediten diez años de residencia continua y permanente en el país, quienes tengan hijos argentinos y demuestren cinco años de residencia permanente y quienes estén casados con ciudadanos argentinos desde hace al menos cinco años y acrediten igual período de residencia en el territorio nacional.

EL ANTECEDENTE DE LA LEY DE TIERRAS

El proyecto presentado en la Legislatura toma como principal antecedente la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, que estableció un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. La normativa fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales, un porcentaje que debía respetarse sobre el territorio nacional, pero también dentro de cada provincia y municipio. La ley establecía además que las personas de una misma nacionalidad extranjera no podían superar el 30% del cupo permitido y fijaba límites de superficie para un mismo titular en la denominada Zona Núcleo.

La normativa nacional alcanzaba, por lo tanto, a la provincia de Buenos Aires y ya contemplaba restricciones sobre la extranjerización de tierras rurales. Sin embargo, el proyecto impulsado ahora en la Cámara de Diputados plantea crear un régimen de alcance provincial, con herramientas propias de registro, control y autorización, además de incorporar nuevas categorías de protección vinculadas a los recursos hídricos, humedales, cinturones hortícolas, áreas naturales y territorios de agricultura familiar.

UNA NORMA NACIONAL ATRAVESADA POR LA DISPUTA CON MILEI

El debate volvió a tomar fuerza a partir del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de la Ley 26.737. La norma nacional figura oficialmente como abrogada por el artículo 154 del decreto, pero el propio Estado nacional informa que la vigencia de la Ley de Tierras fue posteriormente restituida mediante una medida cautelar que se encuentra vigente.

El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma incluida en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla cambios sobre las restricciones vigentes para la compra de campos por personas y empresas extranjeras.

El debate estaba previsto para el 16 de julio en el Senado, pero la sesión volvió a postergarse luego de que el oficialismo no consiguiera reunir los votos necesarios. Se trató de la cuarta vez que se demoró el tratamiento del proyecto y, según trascendió, uno de los principales obstáculos estuvo precisamente en el capítulo referido a las tierras rurales y las condiciones para su adquisición por parte de extranjeros. El oficialismo pidió llevar la discusión a la sesión prevista para el 6 de agosto.

En ese escenario, el proyecto presentado por el kirchnerismo bonaerense busca que la Provincia avance con una legislación propia. La iniciativa sostiene que Buenos Aires conserva competencias en materia catastral, registral y de administración tributaria de los inmuebles, y plantea que esas atribuciones permiten establecer un esquema provincial para controlar la titularidad y posesión extranjera de tierras rurales.

ZONAS ESTRATÉGICAS Y PROTECCIÓN DE RECURSOS

Otro de los ejes del proyecto apunta a establecer un régimen especial para las denominadas zonas de protección territorial estratégica. Allí se incluyen cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, reservas, zonas de producción de alimentos, cinturones hortícolas, áreas periurbanas y territorios de agricultura familiar, entre otros sectores.

En esas áreas, cualquier operación que implique dominio, posesión, tenencia, control o aprovechamiento económico por parte de personas o sociedades extranjeras requerirá una autorización previa de la autoridad provincial de aplicación. La autorización deberá ser denegada cuando la operación pueda afectar el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local, la agricultura familiar, el arraigo de las comunidades o la preservación de los recursos naturales.

El proyecto también propone prohibir la titularidad o posesión extranjera de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Además, establece que el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense no podrá tomar razón de los instrumentos de transferencia de dominio que no se adecuen a las disposiciones de la futura ley.

LOS ARGUMENTOS DEL KIRCHNERISMO

En los fundamentos, los autores del proyecto plantean que la iniciativa busca recuperar herramientas de control sobre la extranjerización de las tierras rurales luego de la derogación de la Ley Nacional 26.737, aunque la situación de su vigencia se encuentra actualmente atravesada por la medida cautelar mencionada.

Según los fundamentos, los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales contabilizan 834.421 hectáreas extranjerizadas en la provincia de Buenos Aires, equivalentes al 2,89% de la superficie rural provincial. Sin embargo, el proyecto advierte sobre la situación particular de algunos municipios y señala que Zárate registra un 24,8% de tierra rural extranjerizada y Campana un 50,2%, de acuerdo con los datos citados en la iniciativa.

En ese marco, los legisladores sostienen que la provincia debe contar con herramientas propias para controlar la adquisición de tierras rurales y proteger sus recursos estratégicos. El texto argumenta que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales y que Buenos Aires conserva competencias en materia catastral, registral y tributaria sobre los inmuebles ubicados en su territorio.

El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde sus autores buscarán avanzar con una regulación provincial sobre la propiedad y posesión extranjera de tierras rurales, en un debate que vuelve a poner en agenda la discusión sobre el dominio de los recursos naturales, el desarrollo productivo y el rol del Estado en el ordenamiento territorial.

Fuente: Inbocielo