Locales. Provincia acordará con Nación para luego convocar a una salida política

Mientras los acontecimientos en la toma del CIC de La Movediza transitan por un período de quietud, en el Instituto Provincial de la Vivienda se preparan para avanzar en un acuerdo con la Nación, para traer una propuesta consensuada y terminar pronto con el conflicto, siempre bajo la tesitura del "diálogo político" en una mesa donde participen todos los actores.

Gustavo Aguilera, el titular del área bonaerense, ocuparía en las próximas horas parte de su agenda para tratar el caso del Plan Federal de Viviendas I con la Subsecretaría de Vivienda que conduce Luis Bontempo, en tanto desde La Plata ya están considerando al asunto, que derivó en un fuerte enfrentamiento, como una "prioridad" a resolver en el corto plazo.

Por eso la Provincia busca traer a Tandil una propuesta viable que contenga la postura de la Nación, y Aguilera podría llegar "la próxima semana, o quizás la otra", para darle un desenlace a la cuestión, aunque poco trascendió sobre los detalles de esa propuesta.

En el IPV sostienen que la única forma de darle solución al diferendo pasa por la negociación "política", un punto de vista que contrasta con la judicialización que entabló la Municipalidad, al denunciar penalmente a cuatro dirigentes sociales por copar el Centro Integrador del barrio.

Pues en todos los distritos donde vecinos tomaron inmuebles fiscales, ya sean terrenos o viviendas del Plan Federal, la Provincia siempre siguió el camino del diálogo. Y Tandil no debe ser la excepción, opinan en la Gobernación.

Un trabajo arduo tendrá Aguilera, de todos modos, si pretende persuadir al Ejecutivo radical de que Osvaldo Maestrojuan, Juan Olano y Gustavo Bravo son actores políticos con representatividad válida en la toma. Algo que, así las cosas, el intendente no está dispuesto ni siquiera a poner en discusión. Y por eso negocia con las familias en forma particular, para evitar a los calificados como "activistas K".

"Es un tema importante y se busca darle un fin y resolverlo, para el Instituto es una prioridad", trazaba ayer una fuente del organismo. Y agregan que "ninguna toma se soluciona en la justicia, sino con discusión política".

En la víspera, por su parte, se desarrolló otra asamblea informativa, donde se evaluaron los términos en que tuvo lugar la reunión con Aguilera en La Plata, y reiteraron que confían en lograr la adjudicación de los terrenos, vía intervención de las esferas superiores de Gobierno.

CAUSA EN TRAMITE

Por su parte, este Diario se comunicó ayer con fuentes de la Unidad Funcional de Instrucción que investiga la denuncia penal iniciada por Gustavo Bravo, por el incidente en el Centro Integrador Comunitario.

En Fiscalía se limitaron a indicar que la denuncia está en "trámite" pero todavía no está caratulada, en tanto primero debe juntarse material probatorio para definir si hay o no delito. Es que Bravo denunció una presunta agresión y refirió sobre el “extraño aliento” que emanaba el funcionario, detalles que generaron polémica mediática pero que en el plano judicial no resultaría significativo como para profundizar una investigación.

Con todo, no obstante la UFI comenzó la pesquisa solicitando a los medios de prensa todos los artículos que marquen la cobertura de los hechos referidos a la toma del CIC, y más precisamente los controvertidos sucesos del lunes, cuando Frolik y los dirigentes sociales intercambiaron duras acusaciones.

Respecto a las acciones judiciales que anunció el Ejecutivo, el mismo Frolik anticipó en el programa Examen Final de la Am 1560 que el martes se realizará la presentación judicial en el fuero civil, bajo la denuncio de desalojo ajuntando una medida cautelar.

“Defenderemos con toda la fuerza de Ley los derechos de los miles de vecinos afectados por la toma del CIC y de todos aquellos que con iguales necesidades cumplen con las normas y están inscriptos para participar, de forma transparente e igualitaria, en el sorteo público que se realizará en noviembre para adjudicar 150 nuevas viviendas del Plan Federal”, ratificaron desde el Departamento Ejecutivo.

Por otra, se reiteró que "no habrá ningún tipo de negociación con los activistas patoteros y violentos que encabezan la toma", y se ratificó que "el diálogo sigue y siempre seguirá abierto con las familias necesitadas de manera individual para buscar las alternativas posibles para su situación".