Locales. Quedó procesado el lunghista por fraude contra la administración pública

Tal lo detallado desde éstas páginas, la situación del ex funcionario lunghista Carlos Balbín, resultaba muy complicada en torno a la investigación judicial emprendida por la fiscalía, a partir de la denuncia de los operarios del cementerio municipal.
En efecto, en las últimas horas, más precisamente ayer por la mañana, el ex coordinador del Cementerio fue citado a declarar en carácter de imputado, instancia que cumplimentó junto a su abogado particular, doctor Jorge Dames, quien una vez tomado conocimiento de la imputación, resolvió que su cliente no preste declaración.
La causa llevada adelante por el fiscal Gustavo Morey (UFI N° 3) arribó finalmente a su resolución acusatoria, considerando que el hecho en cuestión debe encuadrarse como fraude en perjuicio de la administración pública, agravado por el cargo de funcionario, y falsificación de planillas de instrumento privado, agravado por el cargo que ocupa.
El delito en cuestión comprende una pena de 2 a 6 años de prisión (excarcelable), aunque los agravantes lo inhabilitan para ejercer cargos públicos.
Como se vino informando oportunamente, era inminente el desenlace de la causa penal en torno a la denuncia del pago de horas extras del municipio para colaborar en un acto partidario. Ayer el programa eco noticias confirmó la especie, luego ratificada por el funcionario judicial a este Diario. Tras contar con el resultado pericial contable que permitió corroborar el monto de dinero que se habría utilizado, se daba por hecho que para el fiscal el expediente ya está sustanciado y sólo restaba definir la imputación.
Básicamente, la mora del fiscal se condijo con la necesidad de esclarecer la situación de los propios operarios municipales. En lo que se considera judicialmente como resolver sobre “el principio de oportunidad”, léase elegir entre las opciones que dejaba la pesquisa.
En dicho contexto, el fiscal debió resolver sobre la participación de los empleados del cementerio que, en definitiva, consustanciaron la prueba que ameritó la pesquisa.
En consecuencia, Morey archivó parcialmente la causa en cuanto a la participación de los obreros, para así tomar sus declaraciones como testimonios que permiten sustanciar la prueba de cargo.
Así las cosas, el ex coordinador del área del Cementerio quedó procesado, a la espera de los correspondientes pasos procesales que definirán la requisitoria a juicio oral y público (deberá recaer en la justicia Correccional), con un interrogante acerca si la acusación culmina en Balbín o se puede indagar hacia responsabilidades superiores. A priori, no hay pruebas que para el fiscal ameriten más responsables, a no ser que Balbín u otras pruebas alimenten la especulación acerca de mayores implicados.

EL CASO
Cabe reseñar que en medio de un conflicto salarial, trabajadores del Cementerio, denunciaron mediáticamente el cobro de horas extras por parte del que hasta ese entonces era coordinador del área, Carlos Balbín, para colaborar en el armado y desmontaje de lo emplazado en un acto de campaña partidaria en el que el actual jefe comunal, Miguel Lunghi, proclamó sus intenciones de reelección.
Sobre el contenido de la causa, se informó que además de la documentación secuestrada como la confirmación de curiosos faltantes de registros en el sector, se tomó testimonio de más de una docena de empleados involucrados en el área descripta, quienes ratificaron en un todo lo expuesto ante los medios por parte de uno de los delegados, luego también respaldado por el secretario general del gremio de los trabajadores, Roberto Martínez Lastra.
Cabe consignar que ante el avance del expediente, el funcionario sindicado del pago de las horas extras, presentó su renuncia al cargo, a horas de la asunción del nuevo gabinete que acompañará al intendente Lunghi por cuatro años más.
Las razones quedaron expuestas en un escueto comunicado del propio Balbín, quien indicó que su dimisión estaba estrechamente vinculada a la causa que se investiga en sede judicial
Durante la investigación, la fiscalía ofició dirigencias aprobadas por el juzgado de Garantías que derivó en un par de allanamientos, aunque el resultado no resultó positivo ante la ausencia de documentación. Específicamente se subrayó que faltan papeles acerca del movimiento administrativo del área que aluden a lo denunciado por los operarios.
El código Procesal Penal alude al respecto que “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.