13 de agosto de 2009
La jueza de Garantías, Stela Maris Aracil rechazó el pedido de sobreseimiento que oportunamente los defensores del letrado acusado de cohecho realizaron para oponerse a la elevación a juicio.
En el mediodía de ayer, las partes se notificaron desde el juzgado que la magistrada no hizo lugar a la petición, considerando, entre otros términos que con los “elementos de convicción colectados en la causa ameritan la elevación de los presentes actuados a juicio”.
Cabe reseñar que la oposición de los abogados Argeri y Castaño aludieron a la existencia de “una familia judicial” complotada contra el imputado, doctor Juan Manuel González Guerra, además de acusar de mendacidad en los relatos del denunciante, el juez Pablo Galli.
Para los defensores resulta inexistente el hecho denunciado, añadiendo que la Fiscalía, pretende “infructuosamente” sostener a ultranza el hecho que denuncia el juez Galli.
Se referencia que el imputado niega rotundamente que él ofreciera la suma de cinco mil pesos al juez para que morigere o beneficie la situación privativa de libertad de Víctor Sebastián Saravia, o para que haga valer su influencia ante el resto del Tribunal, dado que el motivo de la entrevista fue el declarado por el imputado en la oportunidad prevista en el artículo 308 del C.P.P.
Se acota que también debiera tenerse en cuenta que González Guerra no era defensor particular de Saravia. Como así también era legalmente imposible morigerar la situación privativa de la libertad, dado que ya la había solicitado Saravia y se la habían denegado, por lo que el día del hecho no habían transcurrido los términos procesales exigidos para solicitarla nuevamente.
Por otra parte, se agrega que Galli denunció no conocer personalmente al doctor González Guerra, para luego en otra declaración manifestar que conocía a allegados y que se enteró luego del suceso, lo que le ha pasado inadvertido, dado que Galli acompañaba a su hijo a la casa del hijo de la hermana de González Guerra, para que juegue con el sobrino del mismo, “por lo que deja en evidencia la mendacidad de su denuncia”.
Para la jueza, si bien el acusado no era defensor de Saravia, en esa causa lo era de su concubina, “relación más que suficiente para conocer las circunstancias de toda la causa e interesarle la libertad de Saravia”.
Agregó que el letrado “tuvo la posibilidad de conocer que se habían rechazado tres pedido anteriores de morigeración, y que por la existencia de esas circunstancias impeditivas, se justificaba más aún apelar al uso de otra modalidad y ofrecer dinero, para tratar de asegurar el resultado de libertad de Saravia vislumbrando un nuevo rechazo”.
Contra los cuestionamiento para con Galli, la magistrada sostuvo que sus declaraciones “ni sospechosamente resultan contradictorias, ni revelan sus dichos la intención de alterar el relato original. Y sí –más bien- la voluntad de agregar detalles, circunstancias bastante común cuando se trata de evocar y describir un suceso”.
Otro de los párrafos importante de la argumentación de la jueza versa sobre el único testimonio directo –el del juez Galli-. Si bien reconoce esa circunstancia, no deja de destacar que “concurren otros elementos independientes, incorporados como prueba, que son fuente de conocimiento de la versión del único testigo” y así la jueza puedo “formar su convicción –con el grado de provisoriedad propio de esta etapa- que es la suficiente para dar por demostrado el cuerpo del delito y la autoría”.
Sobre el cambio de calificación, la jueza señaló que “no tiene incidencia directa sobre la libertad de González Guerra, sobre quien no se ha dictado en este proceso ninguna medida de coerción”, para luego añadir que “existen elementos de convicción suficientes –en esta etapa procesal- para considerar al acusado ´prima facie´ autor penalmente responsable del hecho que se le imputa”.
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
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