13 de agosto de 2014
Tuvo lugar en la sala de audiencias de los tribunales de Azul, la audiencia multipropósito convocada por el Juez Damián Cini, luego que Casación confirmara lo actuado por la Cámara de Apelaciones en el caso de la tragedia de la avenida Brasil y en la oportunidad, tanto la fiscalía como los damnificados rechazaron un resarcimiento económico ofrecido por la defensa de Mateo Leunda y el pedido de suspensión de juicio a prueba.
El doctor Alejandro Tiscornia, quien representante los intereses de Gabriela Gorlero, mamá de Josefina Olesen, expresó que la defensa de Leunda amplió la argumentación y propuso un resarcimiento económico consistente en el 70% del salario que perciba Mateo Leunda por los próximos tres años que dure la probation.
De ese monto el 50% era ofrecido para los familiares de la joven fallecida, Josefina Olesen; el 30% a la familia Oritja; el 10% a la familia Puente; el 8% a la familia Otero y el 2% restante a la familia Carletti.
Todos los damnificados rechazaron la prouesta y ahora el magistrado debe resolver sobre la cuestión si acepta la suspensión del juicio a prueba o confirma que el caso se defina en los tribunales.
Al ser consultado sobre la expectativa que mantiene en cuanto a la decisión que adoptará el juez Cini, el doctor Tiscornia, expresó “No me quiero adelantar a lo que disponga su Señoría. Es un muy buen Juez. Hay que dejarlo trabajar en libertad y que analice todo lo que se dijo en la audiencia”.
Mencionó Tiscornia que durante la audiencia, que se extendió desde las 11.30 hasta las 14 de ayer que, hizo uso de la palabra el padre de Josefina, Martín Olesen y los damnificados Puente y Otero.
Resaltó el abogado que Puente hizo un pormenorizado relato de los hechos, con mucha prestancia, encomiable su relato para narrar las cosas que quería decir sobre aquella trágica jornada.
Asimismo Paula Oritja concurrió a la ciudad de Azul, aunque por pedido de los médicos no estuvo presenciando la audiencia.
La defensa de Mateo Leunda, al hacer el ofrecimiento del resarcimiento, admitió que una vida no se pagaba ni con 10 millones de dólares y dijo entender que cualquier cifra no iba a calmar el dolor que representa la pérdida de una vida.
Por su parte ninguno de los damnificados dio el visto bueno de pretender ni aumentar ni querer un resarcimiento económico, sino que la causa se eleve a juicio.
La pretensión de la fiscal es que exista una condena de índole penal, que sea penalmente responsable de lo ocurrido.
También por parte de los damnificados se busca que el responsable de la tragedia de la avenida Brasil reciba una inhibición en cuanto a la posibilidad de conducir.
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