16 de septiembre de 2013

Locales

Locales. Reclaman al juez que impute a funcionarios municipales por apuestas remate


En el marco del expediente que investiga las denominadas “apuestas remate” en el Hipódromo de Tandil, prácticas prohibidas que se habrían reiterado durante años y a la vista de todos en el circo de carreras, el cuidador de caballos Jorge Cuenca le pidió al juez que amplíe el circulo de responsabilidades a los funcionarios públicos que incumplieron con el deber de controlar.
La causa ya tiene a cinco particulares complicados: Daniel Blanco, Alfredo Lavega, Juan Carlos Gianelli, Guillermo Corizzo y Carlos Civalle. Y otros más podrían caer en el foco de la pesquisa.
Sin embargo, el denunciante notificó por escrito al juez en lo Correccional, Carlos Pocorena, la necesidad de profundizar el margen de culpabilidad a los integrantes del gabinete lunghista que omitieron actuar contra las apuestas remate.
En la Comisaría Cuarta, Cuenca presentó el escrito donde insta al magistrado a cumplir con el control de los “demás poderes del Estado”.
El criador sostuvo que las apuestas ilegales se reiteraron durante años desde 2006.
Cuenca citó la Ley 13.470, que en su artículo sexto dice que “será reprimido con arresto e inhabilitación especial de un mes a un año para ocupar cargos públicos el funcionario público provincial o municipal que, estando obligado a hacerlo, omitiere denunciar la realización de algunas de las conductas tipificadas por esta ley, de las que hubiere tomado conocimiento”.
De acuerdo a la petición al juez, deberían investigarse a Oscar Maggiori, Pedro Espondaburu, Juan Pablo Frolik y Gabriel Bayerque. Estos hombres del Gobierno de Miguel Lunghi pasaron o tienen competencia actual en el contralor de la concesión privada del hipódromo, a cargo de la firma “Vistas Serranas”.
“Queda claro que las autoridades de contralor municipal no pueden negar estar al tanto de la realización de apuestas ilegales”, manifestó Cuenca, por lo que “deberá Pocorena resolver si cumplieron o no con su función como contralores o sabiendo de la existencia de dichas apuestas ilegales omitieron denunciar tal cual lo estipula el artículo 6 de la ley 13.470”.
Para el denunciante, podría caber para los funcionarios la figura de “encubrimiento agravado por omisión de denuncia”.
Posteriormente señaló el cuidador de equinos que “lejos de cumplir con lo estipulado en todo lo que les compete por ley”, los contralores municipales hacen la “vista gorda”, por lo que deberá el magistrado “demostrar si realmente el poder judicial está en condiciones de cumplir acabadamente con su función, controlando y sancionando los actos violatorios -en este caso- del poder ejecutivo local, representado por los funcionarios ya mencionados”.
Cabe señalar como dato ilustrativo, que la concreción de las apuestas remate en el predio de Villa Aguirre fue filmado y luego publicado en la página web “youtube.com”, donde bajo el título “la gran estafa oficial”, se ve claramente cómo se realizaba la práctica que luego motivó la apertura de una causa en el fuero correccional.

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