18 de julio de 2016
Desde la bancada del FPV-PJ le exigieron al primer mandatario local "el inmediato apartamiento del funcionario juzgado por corrupción a partir del día lunes 18, como así también le solicitamos que como jefe comunal y representante del conjunto de los tandilenses mantenga el más estricto respeto a nuestras instituciones y al funcionamiento de las mismas".
La presidenta del Bloque de concejales del Frente Para la Victoria-PJ, Mercedes Poumé en diálogo con LA VOZ dijo lamentar “personalmente la suerte corrida en el proceso penal por parte del Subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tandil, Rubén Diéguez, porque estimo que no ha sido sino una víctima más de la red de falta de transparencia de los manejos administrativos del Lunghismo”.
La edil destacó que “la malversación de caudales públicos es un delito grave, serio, que afecta el normal desarrollo de la Administración Pública. Es muy triste que se haya querido minimizar la figura penal en contraste con otros delitos. Puesto que es igualmente malo para la administración pública desviar fondos con fines políticos que para fines privados o particulares”.
Dijo que “Diéguez, ha sido un funcionario de segunda línea en el área que trabajaba, y ha sido condenado por un delito cuyo hechos no podían ignorar ni su titular, es decir el funcionario con cargo de Secretario, ni mucho menos su jefe político, que en este caso es el mismísimo Intendente municipal”.
Además “es bastante fácil relacionar el presente caso con el del señor Balbín, quien fue condenado por la Justicia por desviar fondos del erario público. Balbín fue el pato de la boda” y seguidamente se preguntó “¿pero quién era el beneficiario del acto político, sino el Intendente?”.
“Considero, además que así como toda persona tiene derecho a contar con un debido proceso, Diéguez tiene el derecho de recurrir la sentencia condenatoria y esperar que un Tribunal superior revise su caso. La decisión de mantenerlo en la administración pública como funcionario depende directamente de Lunghi. Quizá le convenga al intendente tenerlo cerca. Quizás Diéguez sepa cuestiones de las que no pueda hablar. Considero que una señal de transparencia sería otorgarle licencia hasta tanto finalice el proceso judicial, una cuestión de ética”, argumentó la concejal opositora.
Denunció que “hay zonas oscuras en la administración Lunghista. Los casos antes mencionados, son ejemplos de ello, el del cajero de Vela, activo militante radical está en proceso de investigación judicial”.
“El gobierno lunghista se niega a dar datos sensibles cuando lo requiere el Concejo Deliberante, y sòlo lo hace por presión, y a medias, cuando los medios lo sacan a la luz, ejemplos, la nunca investigada causa Galotto, los $35 millones de la Usina, la Subejecución del Fondos del Financiamiento Educativo, dinero que estaría en un plazo fijo, sin que nos informen en cuál cuenta, cuál es el monto exacto, en qué se utilizarán los intereses”, agregó para finalmente sostener que “todo demasiado gris en un gobierno que quiere dar imagen de transparencia”.
Se deben acatar los fallos
El concejal Rogelio Iparraguirre afirmó que "los fallos judiciales están para ser cumplidos, así se ha expresado en alguna oportunidad Carmen Argibay quien al momento de su fallecimiento fuera jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- al decir que “es preocupante” que no se acaten los fallos judiciales, porque si no “es la ley de la selva".
Para el edil, "debemos prevenir que en Tandil la soberbia de quienes nos gobiernan los haga creerse más allá del alcance de la justicia para que no reine la ley de la selva".
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario