Locales. Reconocimiento al Poder Judicial en el Congreso de la Nación

A las 10, senadores y diputados de la Nación participarán de una sesión plenaria presidida por los titulares de ambas cámaras para, a través de una declaración conjunta, reconocer al Poder Judicial por las sentencias dictadas en torno a los crímenes de lesa humanidad y otras decisiones relacionadas con el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia".
A través de un plenario de ambas cámaras que se llevará a cabo desde las 10, el Congreso de la Nación resolvió destacar durante el "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia" el accionar del Poder Judicial (del que se espera una amplia concurrencia de invitados en el recinto de Diputados) por el trabajo de la Cámara Federal y sus tribunales en el marco de las sentencias dictadas por los crímenes de lesa humanidad.
En simultáneo con catorce legislaturas del resto del país, diputados y senadores sesionarán este sábado para reconocer a la Cámara de Casación por la acordada que exigió agilizar los juicios iniciados luego de la última dictadura militar y asismismo distinguirán a la Corte Suprema de Justicia por la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
Las legislaturas que sesionarán serán las de la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tucumán, Córdoba y San Luis. También sesionarán de manera conjunta las legislaturas de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Santa Fe.
La Declaración
Sin oradores, la convocatoria prevé la aprobación unánime del siguiente texto puesto a consideración de diputados y senadores :
La Honorable Cámara de Senadores de la Nación y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, reunidas en sesión especial conjunta del 24 de marzo de 2012, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia declaran:
Que corresponde manifestar un reconocimiento a la labor de aquellos Tribunales que han demostrado y demuestran su compromiso indeclinable con la investigación, el juzgamiento y la sanción a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar.
Que no puede omitirse tampoco el papel fundamental que han desempeñado en esta búsqueda de verdad y justicia los familiares y diferentes Organizaciones de Derechos Humanos, como las heroicas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
Que, reafirmando la decisión de todas las fuerzas políticas de asegurar el proceso de verdad y justicia como una política estatal irrenunciable, todas las causas deben completarse en plazos razonables y dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Contribuye a este objetivo la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal.
Que esta Asamblea Legislativa, depositaria de la voluntad soberana del pueblo de la Nación, entiende que este reconocimiento expresa el sentimiento de justicia del pueblo y el anhelo colectivo de que nuestros jueces y juezas sean celosos garantes de la Constitución Nacional y de los derechos humanos consagrados en ella.
Que la Argentina ha atravesado diferentes etapas en la búsqueda de la verdad y la justicia y que, durante las mismas, distintas decisiones judiciales contribuyeron a la consolidación democrática, a través de sentencias que manifestaron el repudio moral de la comunidad frente a los crímenes intolerables para una sociedad civilizada.
Que en los comienzos de la recuperación democrática, a partir de 1983, los jueces que integraron la Cámara Federal en lo Criminal de la Capital llevaron adelante, en un contexto político muy difícil, el emblemático Juicio a las Juntas Militares, cuyas conclusiones contundentes sobre la estructura del plan criminal de la dictadura cívico militar y las responsabilidades de sus máximos jerarcas son una cita ineludible de los procesos hoy en curso y hacen parte de nuestro acervo democrático como ejemplo global de las posibilidades de justicia y aporte invalorable a la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este histórico juicio tuvo una importancia fundamental la valentía de los testimonios de las víctimas y sus familiares.
Que la búsqueda de los nietos y nietas apropiados, los juicios por la verdad, la tutela de los sitios históricos y documentales, la investigación e identificación de los desaparecidos, la revisión de las credenciales democráticas de los funcionarios públicos y tantos otros esfuerzos animados por búsqueda de la verdad y la justicia, han sido posibles por la conducta de muchos jueces y juezas con fuerte compromiso con los valores democráticos.
Que los juicios que se llevan a cabo en el presente, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la declaración de inconstitucionalidad de las mismas y de los indultos por parte de una renovada Corte Suprema de Justicia de la Naicón, consolidan este camino y testimonian la vigencia de los ideales de la Memoria, Verdad y Justicia.
Que esta Asamblea aspira a que durante el actual periodo constitucional se concluyan todos los juicios correspondientes a causas referidas a delitos de lesa humanidad y vinculadas a las violaciones masivas de Derechos Humanos.
Que el Honorable Congreso de la Nación destaca que el mundo entero mira con admiración y respeto la lucha de los Organismos de Derechos Humanos y de las Madres, Abuelas, Familiares e Hijos plasmada hoy en políticas públicas, como así también el proceso de verdad y justicia argentino que ejerce influencia en los países vecinos y constituye un motivo de legítimo orgullo de nuestra democracia".
El caso Moreno en Diputados
Además de los citados reconocimientos, cabe señalar que la Cámara de Diputados aprobó en la semana un proyecto de resolución a través del cual los miembros de la Cámara Baja expresan su "satisfacción por el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata mediante el cual se condenó a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo y José Luis Ojeda por ser hallados autores directos del secuestro, tortura y muerte del abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura militar; y, por primera vez , a dos civiles que no formaron parte del aparato estatal de la represión, los hermanos Emilio y Julio Méndez, a 15 y 11 años de prisión, respectivamente".