Policiales. Recusaron a la jueza de Garantías y cambió de magistrado la causa

Mientras persiste la búsqueda de Mariano Gonzalo y su hija Sofía, los abogados del buscado recusaron a la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, en lo que no hace más que ratificar el espíritu de la familia en descreer y desacreditar los pasos que ha dado la justicia local y sus respectivos actores.

Si bien la magistrada rechazó el planteo de los letrados, finalmente resolvió apartarse de la controvertida causa, decisión que fue aceptada por su par, doctor José Alberto Moragas, quien ahora será el juez que garantice el proceso de la causa que lleva adelante el fiscal Pablo Damián Borean.

Como se ha venido informando en ediciones pasadas, el caso reviste una complejidad inusitada en los ámbitos judiciales, cuya actitud de los protagonistas ha motivado medidas extremas que nada alientan a pensar en una salida consensuada como debiera ser un conflicto familiar que tiene “presa” a una menor de edad.

Según el planteo del doctor Ezequiel Maradeo (en representación del padre prófugo), que este Diario pudo acceder, se indica que los actos procesales llevados a cabo por la jueza “evidencian objetivamente la sospecha de su parcialidad que puede tener el imputado toda vez que aquella denegó la producción de prueba en otra causa donde el mismo se encontraba como particular damnificado, posteriormente allanó la vivienda del padre del imputado en varias oportunidades donde se denunciaron graves violaciones sin fundamentación válida; allanó el consultorio de la terapeuta de la menor sin fundamento válido.

Si aquella recopiló prueba de manera defectuosa, no permitiendo a su abogado preguntar una pregunta medular en la pseudo cámara Gesell cuyas irregularidades llaman poderosamente la atención”.

Otro de los párrafos de la recusación subraya el juez no debe gozar del consenso de la mayoría, “debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial.

Este temor queda acreditado en autos dado que surge con claridad y objetivamente de los actos procesales en perjuicio de esta parte”. Otro de los párrafos del escrito, señala que la magistrada fue denunciada por el propio Gonzalo por el delito de “prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público”, como así también se le inició denuncia por el “mal desempeño de las funciones ante el jurado de enjuiciamiento permanente de la Provincia de Buenos Aires en las causas en las cuales Gonzalo es parte, debido a las constantes intervenciones de manera totalmente arbitraria y caprichosa que afectan a su hija Sofía”.

“Esto demuestra claramente -sigue- que la magistrada tiene un neto interés en el pleito dado que no solamente su carrera profesional como magistrada esta en juego, sino que actualmente están tramitándose causas penales”.

RECHAZO Si bien la jueza cuestionada se excusó en la causa, no dejó de responder el planteo del letrado de Gonzalo, rechazando de plano los argumentos vertidos por la parte. Entre sus fundamentos, la magistrada detalló que las circunstancias que tienen su origen en la tramitación de la investigación se tratan de decisiones jurisdiccionales propias de la competencia de garantías (allanamientos y denegatorias de medidas cautelares).

Asimismo, la imputación de “conculcación de derechos de menores en causas de abuso sexual no tienen sustento probatorio para vincularlo con la imparcialidad”, como tampoco la tiene “el no impedir la difusión de la foto de la menor y datos personales con el consentimiento de la madre y el asesor de menores”, usado como un recurso para lograr revincular a la madre con su hija, cuando “fue colocada -permaneciendo aún- en un estado de virtual abandono moral y material”.

Sobre las denuncias detalladas contra la jueza por supuestos delitos, la magistrada reseñó que “las actuaciones no existían antes de iniciarse este proceso, por lo que no constituye causal de recusación”.

El mismo argumento valió por la denuncia efectuada ante el jurado de Enjuiciamiento permanente.

Finalmente, la jueza frente a las imputaciones vertidas por el abogado como la denuncia de Gonzalo, concluyó en que frente a la “pluralidad de denuncias son de una entidad que crean en mi una situación de violencia moral que me lleva a perder objetividad de decisión con respecto a todos los intervinientes en estas actuaciones”.