Golpe de Estado . Reprimen en funeral de muertos por la represión en Bolivia

Otro operativo conjunto entre el Ejército y la Policía boliviana reprimió una masiva movilización de luto que llegó al centro de La Paz desde la localidad de Senkata con los cuerpos de las 8 personas asesinadas el martes pasado. La represión con gases y balines, disparados al cuerpo de los manifestantes, no respetó la presencia de los cajones de los fallecidos que llevaban en la marcha. 

En la inmensa marcha, otra más que llega a la capital desde El Alto, las organizaciones campesinas e indígenas llegaron al centro de la ciudad con sus insignia wiphala, coronas de flores y los ataúdes de quienes fueron asesinados hace dos días. Sin embargo, al llegar a los alrededores de la Plaza Murillo, sobre la avenida San Francisco, el Ejército avanzó con sus tanquetas. 

"Fuimos gasificados, desde los edificios más altos han lanzado gases. No han respetado a los muertos y la Policía se ha quedado con los cajones de los muertos. Continúen dispersando a los manifestantes lanzando gases y amenazando con armas. La represión de los militares es terrible", denunció Adriana Guzmán , integrante de la colectiva Feminismo Comunitario Antipatriarcal.

La movilización que llegó a La Paz tras 8 horas de marcha a pie desde Senkata reiteró las consignas contra el golpe de Estado y exigió la renuncia de la presidenta de facto,  Jeanine Áñez.  

La masacre del martes en Senkata, cuatro días después de otra ocurrida en Cochabamba , cuenta con el aval del decreto 4078 , firmado el sábado pasado por Áñez, que exime a las fuerzas militares y policiales de los delitos que cometan durante la represión. 

La CIDH condenó  la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y tildó de "inadmisible" el decreto, que violenta las obligaciones del Estado de velar por la seguridad y los derechos humanos e impartir justicia a las víctimas. El organismo de derechos humanos dependiente de la OEA arribará mañana a Bolivia en una visita declarada como urgente por el "riesgo de impunidad para violaciones de DDHH".