Locales. Rubén Diéguez y la violencia que no desvió

Opinión
Por Jorge Coronel(*)


Eran tiempos en los que el Intendente Lunghi se negaba a que hubiera un refugio para mujeres víctimas de violencia de género (un video realizado en 2014 por los concejales del FPV Rogelio Iparraguirre y Corina Alexander le hicieron reconocer su necesidad). Donde algunas de esas mujeres con sus hijos lograban beneplácito de la Secretaria de Desarrollo Social para amontonarse en una pieza de un hotelucho, en el que se preparaban la comida en un calentador de uso común y soportaban al tipo que lo regenteaba con intenciones no muy distintas a la de sus victimarios. Otras con mejor suerte, lograban que la Secretaria les pagara por 3 meses el alquiler de alguna casilla de planchas, y al cabo de ese tiempo debían ser lo suficientemente contundentes en su suplica para no verse obligadas a volver a los golpes del que las había lanzado a la calle.
El argumento de los funcionarios de aquellos años era que el presupuesto del área no alcanzaba para afrontar el alquiler de viviendas dignas y mucho menos para sostenerlo en el tiempo.
En el día de hoy, el Juez Carlos Pocorena, a cargo del Juzgado Coreccional N°1 de Tandil, dio por acreditado que entre los años 2008 y 2011 el Subsecretario de Desarrollo Social fraguó informes sociales para desviar recursos del presupuesto asignado a “ayudas sociales” para los sectores más vulnerables de nuestra ciudad y utilizarlos -esquivando los controles de la contratación pública- en el pago del alquiler de baños químicos, la compra de repuestos para maquinarias de jardinería, la compra de piedras para embellecer una plazoleta, el pago del sueldo de un militante de “familia bien” de la Dirección de Juventud, la alienación y balanceo del Bondicom y la reparación de una camioneta siniestrada por el Bondicom, entre otros.
Sin dudas las víctimas de violencia de género que se amontonaban en aquel hotelucho, que dormían en las casillas de planchas o que debían volver a la casa de su golpeador se encontraban dentro de los sectores vulnerables a las que debieron destinarse aquellas “ayudas sociales”.
Por ese hecho, y sin que ello pueda ser entendido como una reparación a esas víctimas, el Lic. Rubén Diéguez fue condenado a la pena de 1 año y 10 meses de Prisión Condicional y 2 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
(*) Ex funcionario de AFSCA y referente local de Nuevo Encuentro