Locales. Sanción para el fiscal Gustavo Morey

El doctor Gustavo Morey fue apercibido por la procuradora General por haber dejado en manos de la Policía la investigación de la tortura y muerte de Rolando Ariel Sotes(26), quien apareció ahorcado en un calabozo de castigo de la Seccional Segunda de Policía de nuestra ciudad.
Tras la denuncia de la APDH de Azul, la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora María del Carmen Falbo, sancionó al fiscal de Instrucción, doctor Gustavo Andrés Morey, por haber violado disposiciones legales de la Procuración que prohiben delegar en la Policía la investigación de hechos en cuya comisión estén sospechados funcionarios policiales y aquellas que imparten celeridad a las instrucciones preliminares para la averiguación del delito y sus autores.
El doctor Gustavo Morey fue sancionado específicamente por haber delegado en la Policía Bonaerense la investigación de la causa de muerte de Rolando Ariel Sotes –quien apareció ahorcado en calabozo de la Seccional Segunda de Policía de nuestra ciudad y la presunta aplicación de torturas por parte de personal policial, el entonces titular de la dependencia, comisario Andrés Yeffal, y el teniente Primero Reinaldo Fernández, quienes fueron procesados por los delitos de vejámenes y apremios ilegales. Al mismo tiempo, la sanción –apercibimiento-incluye la prolongada inactividad en la que mantuvo esas investigaciones sin justificación alguna.
Rolando Ariel Sotes(26), apareció muerto el 26 de enero de 2005 en la celda de aislamiento de la Comisaría Segunda de Tandil, donde se encontraba alojado sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva por el delito de desobediencia (reprimido con pena de 15 días a 1 año de prisión en el art. 239 del Código Penal), impuesta por el Juez de Garantías del Departamento Judicial Azul, doctor Omar Rocca, en un proceso judicial que instruyó el Fiscal de instrucción, doctor Néstor Prado.
Desde su detención, el propio joven acusó que su vida corría riesgo, refiriendo insistentemente que personal policial ya le anunciaba que aparecería ahorcado en un calabozo.-
Por entonces, el titular de esa Seccional de Policía era el comisario (hoy, capitán) Juan Andrés Yeffal, quien finalmente fue procesado junto a Fernández por el delito de apremios Ilegales contra el detenido.
La muerte de “Rolo”, como le decían familiares y amigos, es un hecho que aún no ha podido develarse, encontrándose abierta todavía su investigación, aunque la Justicia la consideró desde entonces como un “suicidio”.
La investigación de los hechos ocurridos en la Seccional Segunda –tortura y muerte- fue delegada por el fiscal Morey en el personal policial de la misma dependencia donde esos hechos habían sucedido, motivo éste de la sanción que le aplica la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.-
En su momento, la APDH de Azul daba cuenta de que “la Fiscalía de Instrucción ha cumplido hasta aquí un sumario judicial sumamente precario, dejando prácticamente en manos de la propia policía el cumplimiento de las primeras diligencias instructorias (autopsia hecha por médico de policía de la misma ciudad de Tandil) y con fuertes visos de no seguir adelante la investigación y, en cambio, proceder al archivo de ambas causas”.
Precisamente, en las actuaciones de averiguación de la muerte de Sotes, la propia familia tuvo que atacar la decisión de Morey de archivarlas, pidiendo la revisión de ese decisorio al propio Fiscal General, quien decidió la reapertura de la investigación.
En la causa en que se investigan los vejámenes y apremios ilegales, la familia también expuso oportunamente su queja a la Fiscalía General, por la falta de resolución del fiscal al pedido concreto de procesamiento del capitán Yeffal, lo que finalmente fue superado, al ser procesado junto a Fernández por los delitos de Vejamenes y Apremios Ilegales, causa que ha sido elevada a Juicio y en la que se espera que se designe la fecha para la realización del Juicio Oral y Público en el que serán juzgados los funcionarios policiales.-
En este sentido, la APDH de Azul y los padres de Rolando Ariel Sotes reclamaron insistentemente que se pusiera a Yeffal y Fernández en disponibilidad preventiva, como lo manda el ordenamiento legal vigente.“Sin embargo, el mismo ministro de Seguridad que los separara preventivamente de los cargos que ocupaban en la Fuerza de Seguridad, León Arslanián, los repuso en sus filas, inmediatamente antes de dejar su cargo con el cambio de autoridades de la Gobernación”, indica la APDH.