Nacionales. Santa Cruz: el kirchnerismo rechaza la injerencia de la Corte

RIO GALLEGOS.- Los diputados de Santa Cruz alineados con Néstor Kirchner impulsarán mañana en la Legislatura local el rechazo a la orden de la Corte Suprema de Justicia para que se reponga en el cargo al ex procurador Eduardo Sosa y a los proyectos de intervención federal que impulsa la oposición en el Congreso.

La decisión fue adoptada por los legisladores peronistas de Santa Cruz durante una reunión con el jefe de Gabinete provincial, Pablo González; y el fiscal de Estado, Carlos Ramos.

En la ocasión, analizaron también la denuncia que la Corte realizó contra el gobernador Daniel Peralta por incumplir el fallo para reponer en el cargo a Sosa, echado durante la gobernación de Néstor Kirchner, en 1995.

En tanto, la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez, recibió ayer la denuncia del máximo tribunal para que se investigue si Peralta cometió algún delito al no cumplir con el fallo y la causa ahora será enviada al fiscal federal para que dictamine si se inicia una investigación contra el gobernador.

Por su parte, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) instó hoy a los poderes públicos de Santa Cruz a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia de reponer como procurador provincial a Eduardo Sosa y enfatizó que "debe quedar en claro que los fallos se acatan".

Según supo DyN, en la sesión de mañana los legisladores del Frente para la Victoria -20 sobre un total de 24 miembros de la Cámara de Diputados- rechazarán "los proyectos que impulsaron Margarita Stolbizer del GEN, el PRO y la UCR para intervenir a la provincia", pero no tratarán la cuestión de fondo que puso a la provincia al borde de una crisis institucional, por el enfrentamiento entre el Ejecutivo local y el máximo tribunal de Justicia de la Nación.

El desdoblamiento de la fiscalía general en dos ordenado por Peralta por decreto, medida que aún no fue ratificada por la legislatura provincial, es el argumento utilizado por el kirchnerismo para justificar la decisión de Peralta de no reponer a Sosa en el cargo.

Por su parte, Sosa, en declaraciones a radio Continental consideró ayer que es "sencillo" cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su restitución en el cargo tras quince años, "si hubiese un mínimo de voluntad" del gobernador Peralta "de cumplir con la ley y el estado de derecho".

En declaraciones a radio Continental, el ex procurador rechazó los argumentos de los Gobiernos nacional y santacruceño respecto de que la orden de la Corte Suprema es de "imposible cumplimiento", porque su reemplazante, el actual fiscal Claudio Espinosa, "también tiene intangibilidad en el puesto".

Para Sosa, "el actual ocupante no goza de estabilidad porque, su designación derivó de una remoción inconstitucional".

El pasado sábado, el Gobierno nacional a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández ratificó su apoyo a Peralta, al señalar que el fallo de la Corte que obliga a reponer en su cargo al ex procurador de Santa Cruz es de "imposible cumplimiento" hasta tanto la Legislatura patagónica no "divida el cargo de agente fiscal" y calificó de "loco" el pedido de la oposición para intervenir la provincia.

Según adelantó a DyN el diputado Aníbal Billoni, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura santacruceña, hoy los diputados peronistas de Santa Cruz que responden a Peralta y a Kirchner, analizaron la estrategia a seguir.

Billoni reveló que "analizamos lo que ocurrió con este caso desde 1995 a la fecha" y advirtió "contradicciones en los fallos de la Corte en 1998 y 2009 ya que desde un principio se dispuso que el cumplimiento de la reposición de Sosa al cargo era de cumplimiento imposible".

El legislador kirchnerista señaló que "estamos fundamentando nuestra posición contraria a cualquier intento de intervención o injerencia de la Corte a un Estado provincial autónomo en sus decisiones en base a los derechos y obligaciones que establece la constitución santacruceña".

El legislador aseguró que el gobernador Peralta "no incurrió en delito. No hay fundamento para acusarlo de incumplimiento a una sentencia de cumplimiento imposible. El procedimiento legal que señala la Corte es de imposible cumplimiento en el ordenamiento legal de la provincia".