18 de febrero de 2008
Con el optimismo que implica contar con la definición política del Gobernador en su estadía en nuestra ciudad, pero con la prudencia de años de frustraciones en la materia, Lunghi y compañía protagonizarán hoy, junto a autoridades provinciales, un nuevo capítulo en la controvertida zaga canteril.
Es que el Intendente y sus colaboradores van con la ilusión de que aquella sentencia de Scioli, acerca de que el municipio no está solo, lo acompaña la Provincia para el traslado de las canteras de la poligonal, se traduzca en un entendimiento capaz de sortear dilatadas diferencias sobre interpretaciones que hacen a la aplicación de las normas –judicialización de por medio- en pos de hilvanar un discurso unificado que permita así luego discutir mano a mano con los intereses canteriles, capaces hasta la fecha de torcer cualquier discurso y voluntariado político.
Finalmente hoy, en horas del mediodía, Scioli y sus principales colaboradores que forman parte de este entuerto (ministra de Producción Giorgi y responsables de la dirección de Minería, entre otros) recibirán al jefe comunal, al jefe de gabinete, Carlos Fernández, y el secretario de Desarrollo Local, Pedro Espondaburu, quien representa la nueva cara en reemplazo del trillado Oscar Maggiori, que terminó siendo un chivo expiatorio sobre los avatares del conflicto canteril.
Se desprende que de haber acuerdo acerca de una postura coincidente entre las partes, luego será el turno de convocar a los empresarios mineros y el resto de los actores en pugna.
ALGO DE HISTORIA
Vale reseñar que no es la primera oportunidad en que el diálogo entre Provincia y Municipio se dio en pos de encontrar una salida. Este mismo gobierno había tenido buenas migas con la propia Débora Giorgi una vez asumida en sus funciones. Es más, desde Tandil hubo gestos de agradecimiento ante las primeras señales de apertura, que hacían a contar con información acerca de los informes de impacto ambiental y sus respectivos trabajos de mitigación que las firmas mineras debieron –debían- realizar tras lo pautado en el polémico acuerdo marco, con sus convenios individuales a cuestas.
Sin embargo, corrieron los horas, los días y los meses, y al no darse avances significativos, comenzó un torbellino de cruces de acusaciones entre las partes que, finalmente y como se vino detallando ampliamente desde éstas páginas, culminó en un proceso de judicialización que aún por éstos días cuenta con tiempo de definiciones, más allá de algunos fallos de primera instancia a favor de unos u otros.
Vale destacar que la semana que pasó, desde este Diario se adelantó sobre una medida cautelar determinada por un juez platense, quien de alguna manera echó luz sobre las responsabilidades del control a la explotación canteril en la ciudad. La resolución judicial fue tomada de buen modo por el Ejecutivo vernáculo, dado que respaldó su postura inicial acerca de sus escasas atribuciones a la hora de poder regular la actividad.
Empero, tampoco debiera olvidarse sobre otros fallos desde la justicia correccional local, quien dejó claras precisiones sobre las atribuciones que tenía el municipio en la materia, aunque sobre este fallo desde la comuna se lo minimizó dado que se trataba de un fallo “en primera instancia”.
La necesidad acerca de que primeramente se de un encuentro entre los ejecutivos para luego darle lugar al resto de las partes, es a partir del convencimiento que de no haber una postura oficial clara y coincidente las canteras y sus duchos asesores legales terminan pivoteando la situación a partir de las diferencias expuestas del sector público. Alcanza con describir que mientras Provincia y Municipio se dedicaban a excusarse de los controles y se prestaban acusaciones cruzadas, las canteras siguiendo explotando al ritmo habitual, con el agravante de vivir con cierta anarquía a la hora de los controles.
Carlos Fernández fue claro a la hora sellar la posición radical: “aspiramos y vamos a la reunión con la mejor voluntad para tratar de encontrar una alternativa, con una sola condición y es no ser el socio tonto de la historia. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea, defendiendo los intereses de nuestra comunidad que es el hecho de la preservación y el traslado de las canteras que están dentro de la poligonal. Pero estamos dispuestos a sentarnos para tratar de colaborar en el control, en la medida que nos den injerencia en la totalidad de la discusión, no en la parte que sirve nada más para amortiguar el impacto público que genera esta actividad”, explicó un funcionario que está muy empapado en esta dilatada discusión.
Los dichos de Lunghi
A la hora de las negociaciones por emprender, también vale recordar las declaraciones que Miguel Lunghi hizo a este Diario horas antes de ingresar a sus vacaciones.
Al preguntársele sobre qué pasaría con la instancia judicial de avanzarse en el diálogo político, el jefe comunal respondió sin titubear: “interpreto que la parte judicial tiene que seguir, por lo menos hasta que ellos hagan una reparación. El pueblo de Tandil se merece que al menos traten de mitigar el desastre que hicieron en el tercio superior, como establece la ley de minería. No sé si debiera imponerse multas, de todos modos no me interesaría tanto eso si ellos remedian lo que destruyeron”.
La negociación política, entonces, debiera inscribirse en el prometido traslado ante las faltas que las canteras y, por omisión, la Provincia, cometieron al entender de la mirada local. De ser así, en consecuencia se retomaría la pregunta que alguna vez Giorgi pregonó, quién pone la plata para semejante iniciativa.
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