Nacionales. "Se está atentando contra el éxito de la investigación"

BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide acusó ayer al fiscal federal Jorge Di Lello de "atentar contra el éxito de la investigación" sobre las supuestas irregularidades financieras en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por supuestamente haber filtrado datos de la causa penal a la prensa, y no descartó investigar a la titular de esa entidad y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

En tanto, el ex apoderado de la Fundación Sergio Schoklender volvió a presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, para conocer el avance de la investigación y a la vez tratar de demostrar que no piensa eludir la acción de la Justicia, según se evalúa en Tribunales.

"Estoy muy enojado con los señores fiscales (...), ha habido una serie de trascendidos que han salido de boca de los fiscales y por eso voy a hablar seriamente con ellos", dijo el magistrado a los periodistas en declaraciones al salir de su casa en el barrio porteño de Recoleta.

La referencia principal fue para Di Lello, que lleva la causa con Oyarbide, y el fiscal antilavado Raúl Pleé, quien colabora en la investigación por su especialidad y que presentó la denuncia contra Schoklender.

Oyarbide manifestó que desde la fiscalía "se está atentando contra el secreto y éxito de la investigación" y puso de ejemplo que "se han transmitido determinados negocios que ustedes denominan "cuevas" (financieras)... imagínense si yo voy a allanar y ya dieron a conocer las cuevas que estoy investigando ...¿cuál es el sentido del secreto?".

La semana pasada Di Lello había ampliado su requerimiento de instrucción en la causa contra los Schoklender a financieras y casas de cambios, sobre las que pidió allanamientos,y días después algunos diarios publicaron detalles de ese dictamen de la fiscalía, con nombres de empresas y personas a investigar, pese a que la causa tramita bajo secreto de sumario.

Por eso ayer Oyarbide sostuvo que enfrenta "un trabajo gigantesco porque las empresas que van a ser investigadas suman un total de 60 empresas con lo cual hay que conocer la integración de cada una" de ellas y precisó que "esa labor la debe cumplir la AFIP".

Al organismo recaudador el juez le atribuyó el papel de "señalar las personas y establecer los vínculos, los contactos que cada una de estas empresas tenían con el señor Schoklender, que aparece en principio con una responsabilidad a la luz de las pruebas".

Di Lello había dicho el domingo en declaraciones radiales que Madres de Plaza de Mayo "puede ser considerada, en primera instancia, parcialmente víctima" de un delito y que por el momento "no tiene sentido llamar a (declaración) indagatoria" a alguno de los investigados, porque "sería una vulneración" de sus garantías "o un acto infundado" mientras se buscan pruebas.

"No es tema que preocupe"

En el ámbito de Gobierno, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que a la presidenta Cristina Kirchner "no es un tema que le preocupe", en tanto que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, será investigado para determinar si demoró en enviar a la Justicia la causa contra los Schoklender.

"No es un tema que le preocupe a la Presidenta", afirmó el ministro, quien agregó que "los municipios y las provincias controlan lo que se está haciendo junto a la Nación" en la construcción de las viviendas sociales, y que "cuando se registra el grado de avance, (de esas obras) se lo paga".

Piden investigar a Sbatella

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió investigar a Sbatella por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público para establecer si cometió irregularidades al demorar un año el envío a la Justicia de la causa que la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz inició en la UIF contra Sergio Schoklender sobre sus operaciones inmobiliarias.

Sin definición

Con respecto a si aceptará como querellante a Hebe de Bonafini, líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y de la Fundación Madres o la investigará, Oyarbide indicó que "es una situación que todavía estoy considerando".

Y aseveró que "no es tan sencillo tomar esa resolución porque hay que analizar muchas cuestiones y el posible compromiso que podría tener o no la señora Hebe de Bonafini en toda esta cuestión que estoy investigando".

Previamente, en declaraciones radiales, el magistrado había sugerido que investigaría a Bonafini: "Hay que averiguar quién es quién" en el caso porque "muchas personas tratan de presentarse de una manera especial", comentó.

"Obviamente. Es una pregunta irresistible y hay que hacérsela. Para eso estoy, para averiguar con todo cuidado", advirtió Oyarbide.

El juez respondió así al consultársele si preguntará a Bonafini "por qué no denunció antes" la supuesta irregularidad, debido a que reconoció públicamente que hacía "casi dos años" que discutía con el ex apoderado de la entidad Sergio Schoklender -uno de los imputados en la causa a cargo del magistrado- por sus presuntos manejos "empresarios".

La semana pasada Oyarbide allanó la Fundación, la Universidad y la imprenta de las Madres en donde secuestró documentación que está siendo analizada.

El magistrado, entrevistado por radio 10, completó: "Hay muchas personas, y nos pasa a todas las personas, que intentan presentarse de una manera especial, pero hay que averiguar quién es quién".

Oyarbide, en la causa por los presuntos delitos de estafa, lavado de dinero y asociación ilícita, investiga si Schoklender y otras personas desviaron parte de los 765 millones de pesos del Estado nacional que estaban destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, implementado por Madres de Plaza de Mayo.

Sergio, en Tribunales

Sergio Schoklender, quien junto a su hermano Pablo y otras siete personas están siendo investigadas, volvió a presentarse hoy en el juzgado de Oyarbide.

"Viene por lo menos dos veces por semana con nosotros para interesarse por su causa y porque además es abogado", dijo su representante Adrián Tenca al salir de tribunales con Schoklender.

El ex apoderado ya había concurrido a Tribunales para declarar de manera espontánea, lo que fue rechazado por el juez, y a dejar ocho cajas con documentación para ser agregada a la causa.