Locales. Se firmaron los acuerdos para terminar con el conflicto Smata

Tal se anunció desde éstas páginas, el acuerdo entre los ocupas de Smata y el municipio estaba al caer, tras el entendimiento de las partes por arribar a una salida, incluso la transitoria hasta tanto se levanten las viviendas industrializadas en Movediza.
Desde las 15 de ayer, el subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Diéguez fue recibiendo a cada una de las familias involucradas. Se le sumó a las entrevistas el jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, y el defensor oficial, Diego Araujo, ambos letrados y principalísimos protagonistas de esta negociación que llegó a buen puerto y que recién podrá considerarse como el final cuando cada uno de los ocupas habiten las viviendas a construir.
Finalmente rubricaron los convenios particulares una docena de familias que reunieron los requisitos planteados por el Instituto Provincial de la Vivienda, con otro núcleo familias supeditado a la firma de la mujer a cargo que ayer no estaba en la ciudad. Había otro caso pero no reunió aquellos parámetros por lo que deberá ser contenido bajo otras instancias.
El compromiso fue firmado por las mujeres de cada una de las familias, el defensor oficial, Dieguez y Frolik, bajo las condiciones que ya desde éstas páginas se ventiló en ediciones pasadas.
Si bien restan certezas sobre los plazos a concretas los respectivos traslados, se confió en que desde el Instituto bonaerense ya se firmó el convenio marco, y Lunghi estará haciendo lo propio. Una vez llegado el dinero comprometido se aguarda que convenien con la empresa constructora para las respectivas casas a levantar.
Dentro del acuerdo, finalmente las familias aceptaron el lugar habitacional alternativo -vía alquiler- que dispondrá la comuna hasta tanto culminen las obras, lo que no implica renunciar a la vivienda, aunque en la práctica, hasta ayer la realidad marcaría que nadie quiere alquilar durante pocos meses sin garantías.

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Tras las detalladas entrevistas, el jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, brindó detalles de las mismas, indicando que hubo entrevistas individuales con cada caso, con el representante legal, el defensor Diego Araujo.
“De las 49 viviendas primariamente ocupadas en el barrio, por la intervención del municipio se fueron retirando muchas familias, quedaban 22 según manifestación de los propios ocupantes cuando intervino el Instituto de la Vivienda, se llegó al acuerdo con autoridades nacional y provinciales para financiar la construcción de viviendas industrializadas y así poder hacer el traslado de estas familias, con el paso de los días de aquella veintena terminaron en 16 familias, de las cuales hoy -por ayer- solo quedaban 14 porque ya dos familias quedaban descartadas porque no se comprendían dentro de los parámetros que establece el Instituto, finalmente ahora se presentaron 13, de las cuales pudimos rubricar los convenios con 12, quedando una pendiente sujeta a la ratificación de la mujer que no se encontraba en la ciudad”.
Acerca de la figura del comodato irrevocable que oportunamente mereció el reproche de los demandantes, Frolik aclaró que en tanto y en cuanto las viviendas no se alquilen, no se cedan, tiene que existir una ocupación en forma permanente por parte del mismo grupo familiar originario mientras se subdividan las parcelas y demás trámites burocráticos como la inscripción en el registro de la propiedad”.
Sobre la otra cláusula que merecía replanteos, léase el mientras tanto se construyen las viviendas cuál será la alternativa para dejar la vivienda ocupada, se firmó tal reza el convenio, en definitiva el municipio dispondrá de una alternativa habitacional hasta se construyan las casas prefabricadas, y la alternativa será el alquiler.


El desalojo latente
Si bien no formó parte de las conversaciones, por fuentes consultadas desde el ámbito judicial se confió que la instancia judicial penal avanzó sustancialmente a partir de aceptarse como particular damnificado el gremio Smata, quien ha solicitado el desalojo compulsivo de las viviendas que pertenecen al sindicato como a los adjudicatarios que hace 35 años que sufren la desidia de responsables varios.
De todas maneras, la decisión judicial quedó supeditada a las negociaciones que públicamente se vieron sucediendo desde lo político, por lo cual no habrá mayores sorpresas en cuanto a decisiones de la magistrada interviniente.
Empero, no se descarta que durante estos días se anoticie sobre la orden de desalojo, pero sería compulsivo condicionado, que alude a en cómo se llevará a cabo. Esto es, entendiendo los alcances del acuerdo arribado, factiblemente el posible desalojo será a largo plaza, bajo la intervención de organizaciones de derechos humanos, del municipio y de la mismísima Provincia, cercana a fin de año, obviamente sujeta a que aquellas familias no hayan cumplido con su compromiso de trasladarse, o un lugar transitorio primero, a la espera de su casa a construir.