Nacionales. Se oficializó la rescisión del contrato de TBA

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional oficializó la rescisión del contrato de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros suscripto con la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).

La medida -comprendida en el Decreto 793/2012 que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina- se formalizó con la publicación de la norma en un anexo del Boletín Oficial.

El decreto rescinde el contrato con la empresa TBA para las Líneas General Mitre y Sarmiento, y faculta a la Secretaría de Transporte a formalizar la toma de posesión y a convocar a las empresas Metrovías y Ferrovías para gestionar la operación del servicio hasta tanto se determine la modalidad de prestación.

También instruye a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para realizar un inventario de los bienes y establecer el estado de situación de los mismos.

Así como a la Secretaría de Transporte y a la CNRT, con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Procuración del Tesoro, para determinar los eventuales daños y perjuicios que fueron ocasionados al Estado Nacional y al público usuario en general, durante la concesión, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan.

En sus considerandos, el decreto recuerda que "al 25 de mayo del año 2003, con la asunción del Presidente Néstor Kirchner, el Gobierno nacional se encontró con un escenario devastador" y tras detalar las millonarias inversiones realizadas desde esa fecha, asegura que "esta rescisión opera por culpa exclusiva de la concesionaria en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos".

Sostiene que el crecimiento del ferrocarril argentino fue "ejemplo de desarrollo" en Sudamérica en 1947 con una red de más de 43.000 Kilómetros de vías, a partir de la impronta del primer gobierno de Juan Perón.

Relata que ese crecimiento se mantuvo en forma constante hasta 1955, y fue seriamente afectado a partir de 1958, por aplicación del denominado "Plan Larkin" que consistió en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir a 70.000 empleados ferroviarios, y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches, con la idea de que se comprase todo en el mercado exterior.

Luego, en 1974, en el tercer mandato de Perón, se retoma la política de desarrollo y en los 80, con la dictadura militar se profundiza la política liberal de abandono del servicio.

A esto se sumaron los contratos de concesión, la recesión entre el período 1998 y 2000, con el amesetamiento de la cantidad de pasajeros transportados, para sufrir durante los años 2001 y 2002 una caída promedio de más del 20%, respecto al pico de 1999.

El Estado verificó un período de grave recesión que colapsa en el 2000 y desembocara en la sanción de la Ley Nº 25.561 que declara la emergencia.

Asi fue como en 2003, con la asunción del Presidente Néstor Kirchner, el Gobierno nacional se encontró con más de 15.000 kilómetros de vías fuera de servicio, cientas de estaciones clausuradas y abandonadas y pueblos aislados, por lo que se adoptó como política de Estado un rol activo en las concesiones ferroviarias a fin de reconstruir el sistema.

El decreto recuerdad que desde el 2004 a la fecha, el Estado Nacional asignó a la ejecución de obras y al mantenimiento de la red e infraestructura ferroviaria unos 3.969.639.970 pesos.

Asimismo, a través del Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (PTUBA), con financiamiento del Banco Mundial, se invirtieron 717.922.443 pesos en la mejora de infraestructura de estaciones, pasos a nivel, pasos bajo nivel y áreas de influencias de estaciones en distintas localidades del área metropolitana, entre otras cuestiones.