Nacionales. Se profundiza la judicialización del caso Boudou

BUENOS AIRES.- Las derivaciones del caso Ciccone y las acusaciones lanzadas por Amado Boudou derivaron ayer en una catarata de denuncias cruzadas que afectaron al estudio vinculado al procurador general de la Nación Esteban Righi, al presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi, al juez federal Daniel Rafecas y al propio vicepresidente.
Por un lado, Boudou denunció ante el juez federal Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Jorge Di Lello, al estudio vinculado a Righi y a Gabbi por los hechos que hizo públicos en su exposición del 5 de abril pasado.
Por otra parte, el oficialismo radicó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que investigue el accionar del juez Rafecas en la causa por el presunto vinculo del vicepresidente con el proceso de quiebra de Ciccone Calcográfica S.A.
Al mismo tiempo, Boudou recibió ayer tres denuncias en su contra presentadas, separadamente, por el abogado Ricardo Monner Sans; por los diputados Manuel Garrido, Graciela Ocaña y Ricardo Gil Lavedra; y por los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán y Alicia Terada.
En todos los casos fue por "omisión de denuncia de funcionario público", a partir de las duras acusaciones que Boudou formuló la semana pasada durante su defensa mediática por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica S.A.
A través de su abogado, Eduardo Durañona, el vicepresidente cristalizó la presentación judicial de lo que había denunciado públicamente.
Boudou acusó al estudio de Righi de ofrecerle entre 2008, 2009 y 2010, cuando era titular de la ANSES y luego, ministro de Economía, "aceitar relaciones con Comodoro Py 2002" sede de los juzgados federales, advirtiéndole que para "hacer carrera en política", tenía que "estar bien" con los jueces.
Boudou también acusó a Gabbi de ofrecerle "en marzo de 2011" mediar -pidiéndole "un número"- en un conflicto con el titular de la empresa Boldt, Antonio Tabanelli.
El vice acusa a su vez a Tabanelli de impulsar la investigación en su contra en el caso Ciccone Calcográfica y actuar con "mafias" que operan contra el gobierno nacional.
El mismo día en que Boudou formalizó sus acusaciones, el abogado Monner Sans realizó una presentación por el delito de "omisión de denuncia de funcionario público", causa que quedó radicada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Monner Sanz pidió que se investigue al ex ministro de Economía porque hasta ayer no había planteado en la Justicia las conductas presuntamente delictivas de las que acusó públicamente al juez Rafecas; a Gabbi y al estudio Righi.
Por su parte, los diputados Garrido, Ocaña y Gil Lavedra concretaron una presentación similar contra Boudou ante la Justicia Federal al sostener que el vicepresidente "estaba obligado a denunciar" la supuesta corrupción.
Garrido advirtió sobre la "gravedad institucional" de las acusaciones de Boudou y sostuvo que el vicepresidente actúa con "desesperación" porque quiere que la investigación por el caso Ciccone "encuentre otro rumbo".
"Lo que está claro es que hay una operación a todo nivel, montada por el Vicepresidente y la gente del gobierno que lo apoya, para quitarle el caso al juez Rafecas y al fiscal que esta interviniendo", señaló Garrido.
En tanto, el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el kirchnerista Hernán Ordiales, puso en duda la "imparcialidad" del juez Rafecas y confirmó que denunciará al magistrado en las próximas horas en el órgano que integra.
El juez federal, Daniel Rafecas, está a cargo de la causa en la que se investiga si Boudou concretó negociaciones incompatibles con la función pública al intervenir para el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, cuyo director Alejandro Vandenbroele fue señalado por su propia ex esposa como "testaferro" del ex ministro de Economía.