Locales. Se profundizan las diferencias entre trabajadoras sociales y Martínez Lastra

La fractura entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y las asistentes sociales de la comuna se agudizó tras la renuncia de la delegada, Gabriela Dorney, referente que quedó afuera del debate paritario entre el gremio y el Departamento Ejecutivo.

El 7 de julio arribó a la sede sindical el escrito con la dimisión de Dorney, un alejamiento que se justificó en el "incumplimiento" de un compromiso previo, donde se había establecido que sería convocada a la mesa de discusión salarial con el Gobierno, algo que finalmente no sucedió.

El distanciamiento entre Roberto Martínez Lastra, secretario general, y las trabajadoras sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvo su punto álgido cuando las empleadas llevaron adelante un paro sin el respaldo político de la conducción sindical.

Ese proceso de discrepancias tuvo su corolario a principios de este mes, en momentos donde el STMT selló el consenso con la administración de Miguel Lunghi para fijar las nuevas categorías para el sector de los profesionales en la planta comunal. Precisamente, ese acuerdo fue criticado con dureza por las trabajadoras sociales, pues resultó "inconsulto".

Al llevarse a cabo aquel conflicto, las trabajadoras sociales solicitaban el pase de agentes del Promet a la planta, así como la recategorización de la plantilla. Y el diferendo concluyó con una promesa de esperar los cronogramas de discusión para el sector de los profesionales, instancia donde participarían Dorney y dos de sus colegas, de acuerdo a lo fijado con la Comisión Directiva del gremio.

"Ibamos a integrar la discusión sobre el régimen de la carrera así como el esquema de categorías. En ese momento resignamos ese reclamo esperando la instancia de paritaria. Participé siempre de las reuniones del cuerpo de delegados, y nunca perdí contacto con el sindicato", explicó.

Aunque según relató la entrevistada a LA VOZ, "me enteré de un día para el otro que las reuniones ya se habían hecho, y consideraron sólo la antiguedad en la cuestión de la recategorización, con lo cual no estabamos de acuerdo, pues ese no puede ser el único criterio, la antiguedad se paga por separado, siempre se habla de a igual función, igual remuneración, y con esto no se cumple", analizó Dorney.

MANUAL DE FUNCIONES

Importante fue la sorpresa de la trabajadora social cuando "una de las tantas veces que voy al sindicato me avisan que estaba el acuerdo hecho: no hay ningún tipo de negociación ni representación si uno es desconocido como delegado", ahondó en las críticas.

Al transmitir su preocupación a la secretaria gremial, Cecilia Soto, "me respondió que era imposible que nos convoquen porque el Ejecutivo lo quiso así, la verdad no entendemos ese argumento", consideró.

Mientras tanto, las bases siguen discutiendo posibles formas de retomar el reclamo, pese a que "mi función como delegada ya no tiene razón de ser".

Tomar la determinación del alejamiento "no fue fácil", pues "uno confía en la vía gremial como la mejor para la defensa de los trabajadores, y la verdad es que nunca desconocimos esa vía".

Arremetió contra Lastra pues "nunca entendimos su planeo, ya que cada problema que hubo en el área se comunicó al sindicato, y le pedimos en reiteradas oportunidades que se hicieran presentes".

Entre las 34 trabajadoras del sector "hay una disconformidad total" sobre al acuerdo paritario. Entre otras cosas, porque obtener la categoría máxima (15) demandará 20 años de trabajo, lo cual es "una locura, teniendo en cuenta que algunas compañeras estuvieron 6 años con el Promet, por lo tanto, no se computan esos años".

El acta entre el Ejecutivo y el sindicato "desconoce las funciones por completo, y la categoría máxima, con elgunos plus, representaría unos 3.500 pesos". En el plantel actual, la mayoría de las empleadas tiene la categoría 8 (1.500 pesos en mano) y 13. Estas últimas, en algunos casos cosechan 14 años de antiguedad, y le faltarían 6 mas para arribar a la máxima.

Por lo pronto, Dorney especificó que reconsiderarán las formas de llevar adelante el reclamo, al tiempo que aspiran a participar desde octubre, en el debate por el armado del manual de funciones.

Asimismo, aclararon las trabajadoras sociales que el distanciamiento no implicó una desafiliación, por lo que legalmente, el STMT sigue estando obligado a defender sus derechos.