La Región. Senadora del PRO busca derogar la VTV en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo al texto de Ahumada, que cuenta con la coautoría
de sus pares Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, el trámite instaurado con
el objetivo de garantizar la seguridad vial, ha sido objeto de críticas por
considerarse ineficaz y burocrático. "La VTV no ha logrado reducir significativamente
los accidentes de tránsito y representa una carga económica desproporcionada
para los ciudadanos", señala el articulado.

Asimismo, el proyecto propone que, en lugar de la actual
normativa, el control del Estado de los vehículos usados se rija por los
artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. De esta manera, se
busca unificar los criterios de verificación con la normativa nacional, eliminando
el sistema vigente en la provincia, que la senadora considera obsoleto e ineficiente.

Entre las críticas al actual régimen de verificación,
Ahumada expuso la falta de diferenciación entre vehículos nuevos y aquellos más
antiguos. "La VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin
considerar su estado real de mantenimiento. Esto obliga a propietarios de vehículos
en buenas condiciones a cumplir con un trámite que, en muchos casos, no resulta
necesario", advierte en los fundamentos del proyecto.

En este sentido, la senadora del PRO detalla en su
iniciativa que los desperfectos mecánicos representan menos del 1% de las
causas de los siniestros viales en Argentina, siendo factores humanos como el
exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el consumo de alcohol, las principales
causas. Por lo que sugiere avanzar en la incorporación de educación vial en las
escuelas.

Por otro lado, Ahumada sostiene en el proyecto que la
seguridad vial no puede depender únicamente del estado de los vehículos, sino
que es necesario mejorar la infraestructura vial. "Sin una inversión adecuada
en la reparación y mantenimiento de las carreteras, cualquier esfuerzo en
controlar los vehículos será insuficiente para reducir los siniestros viales",
resaltó.

"La obligatoriedad de la VTV ha tenido un impacto negativo
en sectores productivos, como el transporte y las pequeñas empresas, que
dependen de sus vehículos para operar. El aumento en los costos de la
verificación ha repercutido en sus costos operativos, afectando su competitividad
y capacidad de desarrollo, lo que, a su vez, ha generado aumentos en los precios
de bienes y servicios en la provincia", concluye la parlamentaria en el texto.