Agresión física del hermano de la víctima, Sebastián Simón . Sin mencionar la pena de 3 años, la corporación judicial salió a defender a Calonje

Luego de los acontecimiento de ayer en el edificio judicial de calle Uriburu, donde el hermano de Sebastián Simón agredió físicamente al fiscal José Ignacio Calonje, luego de que el instructor pidiera sólo 3 años de condena en un juicio abreviado para el funcionario y amigo del intendente Miguel Lunghi, Luciano Jaureguiber, quien atropelló, mató y huyó dejando abandonado al chico, la corporación judicial salió a defender al titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul. 

La Asociación de Magistrados, en un comunicado que indica "la violencia es el límite", omitió expedirse sobre la sanción propuesta por el fiscal que pone a Jaureguiber a un paso de recuperar la libertad, y expresó "su más enérgico repudio a las agresiones físicas y verbales que sufrió ayer el agente fiscal de la UFIE Departamental, Dr. José Ignacio Calonje, junto al funcionario judicial Dr. Federico Ramos, haciéndoles llegar su solidaridad y acompañamiento".

Las decisiones adoptadas "en el marco del ejercicio de la función judicial están sujetas -como todo acto de gobierno- a las críticas y cuestionamientos de la ciudadanía en general, como derivación del derecho a la libertad de expresión y de reunión a través de diversos mecanismos institucionales. A su vez, en el caso particular de las decisiones adoptadas por el Ministerio Público Fiscal y por la Magistratura, los damnificados cuentan con las vías impugnativas y otras herramientas de participación previstas por el ordenamiento procesal penal bonaerense, y en particular con todos los derechos y garantías contemplados en la Ley de Víctimas N° 15.232", dijeron los funcionarios judiciales.

"Por ello, aún entendiendo el dolor que comporta la pérdida de un ser querido, AMAFUTAN reafirma el trascendental valor que para la sociedad tiene la actividad de magistrados/as y funcionarios/as, rechazando cualquier hecho de violencia cometido contra quienes desempeñan dicha tarea, entendiendo que por su propia naturaleza las agresiones físicas y acusaciones verbales infundadas, en nada contribuyen ni se condicen con la finalidad de la misma, esto es la resolución pacífica de conflictos aplicando la ley", aseveraron los magistrados.