Locales. Sin objeciones, Balbín se someterá a debate en el juzgado Correccional

Vencido el plazo de presentación de objeciones, reparos y/o observaciones, por parte del abogado defensor del funcionario lunghista como del particular damnificado (el Ejecutivo), desde el Juzgado de Garantías N° 1, se dio traslado al expediente al juzgado Correccional, donde, en plazo a convenir, se desarrollará el juicio ora y público por el caso de horas extras en el cementerio municipal.
Según la información vertida desde el juzgado de Garantías a cargo del doctor José Alberto Moragas, expiró el plazo para las presentaciones por parte del abogado (Jorge Dames) que defiende los intereses del imputado Carlos Balbín, como del particular damnificado, el secretario de Legales comunal, Marcelo Giaconi (en representación del Municipio), y al no haber objeción ni reparo alguno, el magistrado resolvió dar traslado a la causa por Fraude y falsificación de documento a la instancia Correccional de la justicia penal.
Finalmente en dicho juzgado se celebrará la audiencia oral y pública para resolver la responsabilidad penal del ex funcionario lunghista, Carlos Balbín, único imputado por el presunto delito de haber pagado con horas extras de las arcas comunales a empleados del cementerio municipal que colaboró en la organización de un acto proselitista del intendente Miguel Lunghi.

NO A LUGAR
Cabe consignar que oportunamente la presentación ante el fuero penal estuvo a cargo de los concejales opositores del legislativo, tras tomar nota de las denuncias mediáticas que los obreros del cementerio hicieron en medio de un conflicto salarial. En ese marco, el edil justicialista Carlos Mansilla también había promovido la posibilidad de presentarse como particular damnificado en la causa, empero sus intenciones no corrieron con suerte.
Al entender del juez Moragas, primero, pero ratificado en la Cámara de Apelaciones después, no correspondía su intervención. A grandes rasgos, se argumentó que los intereses comunales están resguardados a partir de la presentación del propio municipio.
Textualmente, la resolución manifestó que “no resulta correcto sostener que existen víctimas colectivas o difusas pues el dañoso del injusto recae de manera directa sobre el erario de una persona jurídica de carácter público como la municipalidad”
Se agregó, al respecto, que “debe haber un interés directo, concreto y actual y no basta la de simple ciudadano”, como así también se responde que tampoco “el carácter de concejal” lo faculta para la pretensión que en su momento planteó el edil kirchnerista.
Sin más, y no habiendo mayores planteos por las partes involucradas, el juez resolvió enviar el expediente al juzgado Correccional, donde el doctor Carlos Alberto Pocorena, más luego, citará a juicio. Primeramente se propiciará la audiencia preliminar, en la que las partes se harán de los elementos probatorios a exponer en el futuro debate como así también plantearán sus posibles objeciones, para así determinar una fecha de juicio.

LA ACUSACION
Vale reseñar sobre la imputación que oportunamente esgrimió el fiscal Gustavo Morey, sólo ha quedado sometido por la irregularidad en el manejo de los fondos el ex coordinador del Cementerio y candidato a concejal por el radicalismo Carlos Balbín. Partido político que aún evita tomar alguna definición sobre el asunto hasta tanto se expida la justicia como así también, se desprende, el sumario administrativo impulsado por el mismísimo Ejecutivo a solicitud de los ediles del arco opositor.
En el expediente al que tuvo acceso este Diario, el fiscal a la hora de resolver la situación procesal de los involucrados esgrimió que “se advierte que la presencia de estos empleados de la Dirección de Cementerios además de ser voluntaria no era indispensable para la realización del acto, dado que cualquier otro sujeto empleado municipal o no, podía realizar igual tarea, máxime cuando previo a dicho evento se había asegurado el momento de la paga y que ello sería en efectivo al finalizar el acto”.
Se indica en una de las fojas judiciales que “así fue que al concluir el mismo, Balbín fue reuniendo a aquellos empleados y algunos de ellos pudieron cobrar en efectivo el dinero pactado de manos del director de cementerios. Los restantes, es decir, los que no alcanzaron a cobrar aquella noche, se les indicó que arreglarían en otro momento”.
“La cuestión reprochable en la presente investigación –afirma el fiscal- transita a través de la maniobra administrativa que se encausa para poder hacer efectivo el pago de esos servicios ya cumplidos, simulando tareas extras efectuadas por esos empleados y consecuentemente liquidar las mismas para su efectivo pago. Hasta aquí, aquellos empleados ninguna maquinación o actividad desplegaron para posibilitar la maniobra defraudatoria, es más no estaban al alcance de ellos poder dar inicio a su ejecución, en virtud que ninguno tenía las atribuciones funcionales necesarios o competentes para instrumentarlo”.
Morey subrayó que “se evidencia que el aporte brindado por cada uno de aquellos empleados no solamente ha sido de insignificancia, sumado a que su colaboración fue la aceptación de una decisión del superior jerárquico, sino que además la afectación que con el cobro de esas horas extras se hizo al tesoro municipal ha sido nimio, toda vez que las sumas cobradas oscila entre los treinta y ocho y ciento once pesos”.
Se añade que en atención a ello, a que el monto máximo de la pena del delito investigado no supera los seis años de prisión, para el supuesto de interpretar que estos han alcanzado algún grado de participación y a que la conducta que determinó la afectación a la administración pública provino “indudablemente del director de Cementerios municipal”, por lo que consideró necesario para poder avanzar en el desarrollo de la investigación contar “con aquellos testimonios”, así dispuso el pase a archivo únicamente respecto a la continuidad de la conducta responsable de los obreros, mientras se prosiguió los actuados respecto del imputado Carlos José Balbín.