Locales. Smata: Se abre la instancia de conciliación en el fuero judicial

Frente a los magros, sino nulos, resultados que hasta aquí deparó la intervención política frente al conflicto de la ocupación del frustrado barrio Smata, la instancia judicial parece ser el camino a allanar una salida. En efecto, tras el recurso de amparo presentado por el defensor oficial, Diego Araujo, por éstas horas el juez interviniente notificará a las partes para una audiencia.
Si bien no han sido notificadas las partes, este Diario pudo conocer que en las últimas horas el juez en lo Civil y Comercial, Francisco Blanc, libró un despacho por el cual emplaza a las partes a una audiencia en los próximos días.
Más precisamente el viernes venidero, quienes oficiaron de demandantes -familias de la ocupación de Smata- junto a su letrado, deberán acudir a la sede judicial para verse las caras con las autoridades municipales, en pos de encontrar un acercamiento que permita destrabar el conflicto desatado a partir del reclamo de servicios que el Ejecutivo no está dispuesto a conceder en pos de no legitimar la ocupación.
Bajo la caratula Sola Carlos Alberto y otros contra Municipalidad de Tandil, sobre amparo, días pasados el magistrado, en virtud de los hechos denunciados, declaró como procedente la vía intentada por el defensor oficial, Diego Araujo.
En consecuencia, se requirió a la Municipalidad de Tandil que en el término de 5 días informe de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, además de notificar con carácter de urgente y con íntegras copias de la documental y escrito presentado y de la presente.
En dicho documento, la comuna deberá informar las distintas modalidades de recolección de residuos (uso de camiones, contenedores y/u otros medios) y su periodicidad.
Asimismo, sobre las distintas modalidades en el suministro de agua potable, especialmente en casos en que no se tenga acceso a la red pública de agua corriente, y la política desarrollada por el municipio en lo que hace a desmalezamiento y/o desratización de predios rústicos y/o abandonados, como presenta esta situación.
A la vez, se libró oficio a la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM, a fin de que en el plazo de 48 horas remita copia de lo que se hubiere actuado a partir de la nota presentada por los demandantes e ingresada en la Municipalidad bajo el número 2.581/10, referente al suministro de servicios en el "Barrio Smata".
Finalmente, el juez, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 36 inciso 4º del Código de Procedimiento Civil y Comercial, convocó a la totalidad de las partes para que en compañía de sus letrados comparezcan a la audiencia citada para el 30 de abril de 2010 a las 10.

LA PRESENTACION

Tal se vino detallando en ediciones pasadas, la decisión del juez Blanc devino de la presentación realizada por el doctor Diego Araujo, quien en el rol de asesor de las familias que ocupan el barrio Smata, presentó el recurso de amparo que insta al municipio a suministrar los servicios básicos en la zona, en tanto aspira el letrado a allanar una resolución "consensuada" del agudo conflicto social.
El escrito, que ingresó la semana pasada se fundamenta en la "obligación" del Estado de garantizar prestaciones como la energía eléctrica, el agua (vía aguatero), el desmalezamiento y mejora de los ingresos así como la recolección de residuos, ya sea extendiendo el recorrido de los camiones o mediante un contenedor.
La aspiración de Araujo, es arribar a una instancia de acuerdo entre vecinos y Municipalidad. Y aclaró sobre la repetida argumentación del Ejecutivo municipal, que dotar de servicios al barrio tomado "no implica de ninguna manera el reconocimiento de derechos" sobre los inmuebles, que si bien no fueron acreditadas las titularidades, le pertenecen al gremio Smata.
Tras el polémico corte de luz implementado por la Usina Popular y Municipal el último lunes, que generó incidentes entre ciudadanos y Policía, Araujo explicó el contenido de su alegato al pedir a la empresa distribuidora una "autorización" para evaluar las condiciones de seguridad en que se -según la defensa- debería extenderse el suministro a las viviendas. Esto es, evitar consecuencias y riesgos que hoy siguen latentes con el "enganche" clandestino.
Asimismo, el letrado que representa a los vecinos que tomaron las casas advirtió que todavía no fue comprobado el presunto ilícito de "usurpación" que motivó la causa penal.
Además, el defensor oficial explicó que la comuna está en condiciones de responder, en lo inmediato, a servicios como la limpieza y recolección.
Para el abogado, se debe velar por las condiciones de vida de todas las personas que habitan la zona, y sobre todo por los más de 100 chicos que viven en el lugar.
"No ocupan las casas porque les gusta, sino como consecuencia de un problema habitacional sin solución en años", observó Araujo.
Ahora se aguardaba que el juez convoque a las partes, dígase el municipio y los ocupantes, para una audiencia preliminar donde se pueda arribar a un acuerdo que descomprima la conflictividad social en el Smata, situación que ya el magistrado avaló en las últimas horas.