Locales. Subsidios de Lunghi a dirigentes de la CCC comprueban el vínculo económico

Las especulaciones sobre una relación política subrepticia entre el lunghismo y la Corriente Clasista y Combativa, en medio de otra dilatada toma de la Regional Tandil de Anses, cobran fuerza a partir de numerosos decretos firmados por el intendente Miguel Lunghi, donde se plasman "ayudas directas" a dirigentes de la organización.
En el kirchnerismo sostienen que existe un vínculo económico y político no declamado entre el Gobierno municipal y la CCC.
Las huestes de Jorge "Mono" Lezica y Griselda Altamirano son acusados de conformar una suerte de "fuerza de choque" lunghista para perjudicar a Diego Bossio y los suyos.
Cuando queda cada vez menos para las elecciones legislativas -el 11 de agosto serán las primarias, y el 27 de octubre, las generales-, las lecturas sobre la denominada "campaña sucia" se multiplican en el pago chico. Sobre todo cuando hay documentación respaldatoria.
Los subsidios financiados por la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna, con destino a Lezica o Altamirano, o directamente para gastos de logística de la CCC, figuran en los dictamenes firmados por el pediatra radical.
Es dinero oficial, de las arcas locales, que va a parar a los militantes que protagonizan el piquete en el edificio de Anses, sobre calle Pinto.
El lazo entre la UCR tandilense y la CCC ya había sido denunciado en otras oportunidades. Se recuerda aquel acampe donde una camioneta de Desarrollo Social del municipio llegó hasta la protesta para entregar insumos.

AYUDA DIRECTA MENSUAL

Esta vez LA VOZ accedió a varios decretos donde se vislumbra el financiamiento comunal a la organización política y social. Por caso, el 4 de septiembre de 2012, el municipio gastó 3.200 pesos a nombre de Natalia Soledad Di Salvo, para el traslado de alimentos, colchones y frazadas desde La Matanza a Tandil.
Por otra parte, trascendieron otros 20 dictámenes, algunos fechados el 3 de agosto, el 31 de agosto, el 28 de septiembre, el 1 de noviembre, el 11 de enero y el 4 de febrero. En ellos Lunghi -vía decreto- le otorga en forma nominal -es decir, a la persona- entre 800 y 1.000 pesos mensuales a Altamirano y Lezica.
Se alude a informes socioambientales que certificarían la necesidad económica de ambos dirigentes. Pero en el seno del Frente para la Victoria sacan conclusiones negativas de estos aportes, pues ven un nexo de intereses comunes partidarios entre beneficiarios y Gobierno.
Las ayudas directas en el área que conduce Oscar Teruggi vienen manchadas por anomalías que merecieron la apertura de una investigación penal, en la denominada "Causa Hidalgo". En ella, la oposición se valió de pruebas para sostener la posible comisión del delito de malversación de fondos públicos. En resumidas cuentas, la Justicia intenta determinar si cobraron subsidios personas que lejos de sufrir un estado de indigencia, en realidad eran prestadores de la comuna.
Ahora lo que se cuestiona es el presunto uso político de la ayuda social. El oficialismo niega cualquier vínculo con la CCC, pero los decretos mencionados abren un gran interrogante.